Atendiendo al impacto de los sistemas productivos en los ecosistemas, desde hace algunos años, numerosos países han adoptado mecanismos financieros denominados Pagos por Servicios Ambientales (PSA), que ofrecen incentivos económicos a los agricultores o propietarios a cambio de administrar sus tierras para proporcionar algún tipo de servicio ecológico.
Según registros oficiales, en México la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha implementado, desde 2003, un programa que ha beneficiado a más de 3,200 proyectos, conservando 2.3 millones de hectáreas mediante compromisos voluntarios de conservación.
Entre estos proyectos se encuentran la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y su fondo patrimonial, un esquema de mercado voluntario de carbono forestal en comunidades indígenas en Oaxaca y preservación del hábitat de aves migratorias y especies de flora y fauna en Chiapas, entre otros.
Según explica el CEO de la consultora ambiental Kolibri, Federico Gómez Guisoli, mundialmente y para su mejor gestión, los PSA se dividen en esquemas voluntarios, que fomentan la cooperación y la adopción de prácticas sostenibles, y obligatorios, que garantizan una implementación amplia, aunque pueden enfrentar resistencia y ser costosos de implementar.
“Ambos son complementarios y esenciales para abordar diversas necesidades de conservación ambiental, sobre todo si consideramos que aún enfrentan grandes retos en su implementación”, detalla el directivo.
En su más reciente análisis al respecto, Kolibri destaca la importancia de superar desafíos como la falta de consenso global sobre cómo contabilizar los PSA en los balances financieros; las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por ejemplo, no contemplan específicamente a los PSA.
Aunado a ello, y aunque existen numerosos casos de éxito, los servicios ambientales siguen siendo difíciles de cuantificar económicamente, ya que las metodologías para valorarlos son emergentes y no ampliamente aceptadas.
“No podemos olvidar que las regulaciones ambientales varían entre jurisdicciones, complicando la creación de un enfoque uniforme. Por otro lado, muchas organizaciones y profesionales contables no están familiarizados con el concepto de PSA ni con su importancia, por lo que requieren formación específica para aplicar correctamente la valoración y contabilización”, detalla Gómez Guisoli.
Ante todo, las empresas deben tener una mirada integral y sistémica acerca de cómo implementar y aprovechar mejor este tipo de instrumentos, en favor de la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.
«Es indispensable aprovechar el conocimiento que ya existe para cerrar la brecha y contabilizar estos proyectos. La creación de entornos propicios a través de dinámicas de mercado puede fomentar la innovación y la escalabilidad de proyectos de conservación», concluyó el directivo.