La incorporación de los océanos en las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (NBSAPs) y en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), es crucial para avanzar en la conservación efectiva e inclusiva de los ecosistemas marinos, particularmente en Latinoamérica y el Caribe.
Así lo destacaron expertos y representantes de gobierno, sociedad civil y comunidades que dialogaron en un evento organizado por WWF en la COP16 de Biodiversidad que se realiza en Cali, Colombia.
“La conservación y recuperación de los océanos está altamente vinculada al concepto de conectividad ecológica, donde los esfuerzos por conservar los ecosistemas, las especies migratorias y los servicios ecosistémicos asociados se incrementan cuando es posible establecer grandes redes de áreas interconectadas y representativas”, explicó Yacqueline Montecinos, coordinadora de Biodiversidad Marina y Políticas Oceánicas de WWF Chile.
La profesional destacó que en Latinoamérica ya existen “corredores azules” plenamente identificados, los que son esenciales para garantizar la salud de los océanos, la recuperación de los stocks pesqueros, la seguridad alimentaria y la implementación de modelos de desarrollo sostenible que salvaguarden los derechos de las comunidades locales y pueblos originarios.
“También fortalecen la resiliencia de los ecosistemas marinos, constituyéndose en soluciones basadas en la naturaleza para combatir el cambio climático”, agregó, precisando que entre 2010 y 2019 los océanos absorbieron aproximadamente el 22% de las emisiones de carbono generadas por los seres humanos.
En este contexto, Roberto Troya, Director Regional de WWF para América Latina y el Caribe, enfatizó la importancia de que las agendas globales de cambio climático y biodiversidad incorporen en su intersección el tema humano y de sostenibilidad, reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Asimismo, en cuanto a los “corredores azules”, indicó que son los gobiernos nacionales quienes deben hacer una primera tarea, lo que se debe reflejar en sus NBSAPs, que deben sentar la base de los siguientes esfuerzos para una integración mayor a nivel regional. Esto, considerando un enfoque basado en ciencia para el establecimiento de las metas y objetivos de cada país, con rendición de cuentas sobre los avances que se produzcan.
“Cuando empezamos a hablar de la magnitud de los océanos, de su superconectividad con los corredores azules, ese es el momento en que nos damos cuenta de que los límites puestos por los seres humanos son relativos, que los animales no tienen fronteras y que las especies migratorias son grandes conectores”, señaló Troya, enfatizando además la necesidad de una clara institucionalidad para abordar la buena gobernanza más allá de las jurisdicciones nacionales.
Monitoreo, financiamiento e inclusión
La Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad (MGB-KM), también conocida como meta 30×30, busca proteger al menos el 30% del territorio y marino a nivel global. Por otro lado, algunos países incorporan ya en sus metas climáticas (NDC) aspectos vinculados al cuidado de los océanos, como el caso de Chile, que plantea que al 2030, todas las Áreas Marinas Protegidas (AMP) creadas al 2020 contarán con planes de manejo.
Para WWF, la presentación de las NBSAPs, en la cual aún están en deuda gran parte de los países latinoamericanos, así como el proceso de actualización de las NDCs para 2025, son oportunidades para incluir o profundizar la incorporación de los océanos y los corredores azules en dichos instrumentos. Esto es un respaldo relevante para avanzar en la conservación marina en Latinoamérica y el Caribe, pero también representa varios desafíos.
Según manifestó Manuela Erazo, coordinadora nacional del GEF Gobernanza Marino Costera de FAO Chile, “la actualización de las NDCs y los Planes de Acción de Biodiversidad nos brinda una oportunidad invaluable para destacar el rol crucial de los océanos frente a la crisis climática. Desde el Proyecto GEF Gobernanza Marino Costera, hemos comprobado que el éxito de estas estrategias depende de una planificación espacial marina sólida y un monitoreo constante. Lo que realmente marca la diferencia es integrar a las comunidades locales y su conocimiento, porque son ellas quienes viven de estos ecosistemas y entienden mejor cómo protegerlos para asegurar un futuro sostenible para todas y todos”.
Otro punto crítico es la colaboración entre los distintos países, dada la propia la naturaleza de estos “corredores azules” y los océanos en general, donde ya existe una instancia creada en 2022 por nueve países bajo el liderazgo de Chile.
“Vemos en la Coalición Américas por la Protección del Océano una poderosa oportunidad para cerrar la brecha de protección de ecosistemas marinos en el Pacífico Oriental a través de la cooperación y el diálogo político y técnico entre los Países Miembros. Esta iniciativa colaborativa reconoce la rica biodiversidad marina de la región y busca promover la integridad y conectividad ecosistémica, por lo que las sinergias que representa la Coalición son claves para alcanzar la meta 30×30”, manifestó Patsy Contardo, de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Los medios de implementación y los recursos necesarios son otro de los aspectos que deben considerarse en esta mirada de conservación. Como señaló Juan Pablo Caldas, director de Sostenibilidad de recursos marinos y pesqueros de Conservación Internacional Colombia, “es importante que reflexionemos sobre los alcances de los mecanismos financieros, que no sólo se enfoquen en el cumplimiento de las metas de biodiversidad sino que, a su vez, se concentren en promover una justicia social y ambiental. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que las comunidades más vulnerables se encuentran en los lugares más biodiversos».
Lo anterior requiere, justamente, un potente enfoque de conservación inclusiva, como lo destacó Marcela Hey, consejera electa del Koro Nui o te Vaikava Rapa Nui-Consejo del Mar, tomando como ejemplo el trabajo en la isla con la creación del Área de Conservación, el Consejo del Mar y la consulta realizada para el Plan de Administración Integrada.
“La conservación de ecosistemas y recursos marinos se ve fortalecida al integrar a las comunidades locales en la toma de decisiones, asegurando que las políticas consideren las necesidades, percepciones y visiones de quienes han habitado y protegido estos territorios por siglos. El diálogo respetuoso y la consulta previa son un pilar esencial en la legitimación y fortalecimiento de estos procesos, mientras se garantiza la cohesión social y protección de la biodiversidad. Por lo tanto, la conservación inclusiva es un camino efectivo no solo hacia la protección ambiental, sino también en pos de la justicia social y de la lucha por la autodeterminación de los pueblos originarios”, puntualizó la representante de Rapa Nui.
Para WWF, recoger estos y otros aspectos es una tarea crucial para Latinoamérica y el Caribe, que debe avanzar en la promoción y adopción de diversos enfoques de planificación, gobernanza inclusiva y efectiva. También en financiamiento y gestión para el fortalecimiento de políticas, sistemas, herramientas y mecanismos de cooperación internacional, que catalicen y generen impactos a gran escala, y que se reflejen en avances significativos en la justicia social y ambiental para la reducción de brechas de desigualdad, especialmente en los pueblos originarios y comunidades locales.