La organización civil México Evalúa presentó la decimoprimera edición del reporte Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal, donde se señala que el estado de Querétaro es la segunda entidad de las 32 de la nación, con menor porcentaje de impunidad en los diversos delitos analizados. el Estado tiene un 78.74 por ciento.
De acuerdo con el documento, 93.6 por ciento de los delitos investigados en 2023 quedaron impunes a nivel nacional. Oaxaca (99.93 por ciento), Jalisco (99.12 por ciento) y Colima (97.57 por ciento) presentaron los mayores niveles de impunidad.
Mientras que Michoacán (76.26 por ciento), Querétaro (78.74 por ciento) y Guanajuato (79.82 por ciento) reportaron los menores índices. Para el fuero federal, este indicador fue de 95.53 por ciento en 2022, último año con datos disponibles.
En el desglose de datos por delito, el homicidio doloso, el estado de Querétaro se coloca en el segundo sitio nacional en menor impunidad con un 71.43 por ciento; sólo detrás de Yucatán, que tiene un 65.52 por ciento. El peor nacional es un triple empate con un 100 por ciento de impunidad, y son Colima, Durango y Jalisco.
En el crimen de desapariciones; el estado de Querétaro es el líder nacional con menor impunidad con un 33.35 por ciento; el peor nacional es cuádruple empate entre Campeche, Guerrero, Tabasco y Zacatecas con un 100 por ciento.
En secuestro, el estado de Querétaro, es el líder nacional con menor impunidad con un porcentaje del 38.89 por ciento; mientras que baja California, Chiapas, Campeche, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí, son los peores con impunidad de 100 por ciento.
En impunidad en casos de extorsión, el estado de Querétaro, es el 11 sitio nacional, con un porcentaje del 98.12 por ciento. El que más resultados en combate a la impunidad en este delito es Michoacán con un 92.33 por ciento. Los peores son Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Oaxaca y San Luis Potosí, con un 100 por ciento.
En violación; Querétaro, es el segundo estado con menos impunidad con un 62.18 por ciento. El peor es Colima y Jalisco con 100 por ciento.
En violencia intrafamiliar, Querétaro, es la entidad con menor impunidad con 55.4 por ciento. El peor es Oaxaca con un 99.95 por ciento.
En el delito de despojo de bienes, Querétaro, es el sitio quinto nacional con menos impunidad con un 83.61 por ciento, el peor es Guerrero con 99.92 por ciento.
En el delito de fraude, Querétaro, es la séptima entidad menos impune con un 91.70 por ciento. El mejor es Chiapas con 38.76 por ciento. El peor es Colima con 99.956 por ciento.
En el crimen de narcomenudeo, el estado de Querétaro, es la cuarta entidad con menos impunidad con un 68.06 por ciento. El mejor es Chiapas con 15.61 por ciento. El peor es Durango con un 100 por ciento.
A nivel nacional, los delitos con mayor impunidad fueron desaparición forzada (99.5 por ciento), extorsión (98.4 por ciento), fraude (97.2 por ciento) y homicidio doloso (96.8 por ciento). En comparación con el año anterior, aumentó la impunidad en secuestro (+4.2 por ciento), desaparición (+3 por ciento) y homicidio (+1.1 por ciento); mientras que disminuyó en narcomenudeo (-2.2 por ciento), y feminicidio (-1.9 por ciento).
Ante este panorama, México Evalúa advierte que, aunque los promotores de la reforma judicial aseguraron que ésta contribuirá a la reducción de la impunidad, en realidad se ignoraron sus causas y condiciones. “Actualmente, sólo 3.6 por ciento de las carpetas de investigación llegan ante un juez. Uno de los factores de este bajo porcentaje es la falta de capacidades de investigación criminal, la cual es responsabilidad de las fiscalías”, apuntó Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
La organización advierte que involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos distorsionará la justicia penal, ya que su formación militar carece del enfoque en seguridad ciudadana y derechos humanos necesario para una investigación efectiva.
De acuerdo con el reporte, las fiscalías, juzgados y defensorías públicas enfrentan importantes sobrecargas de trabajo, lo que podría generar errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo así el debido proceso. En 2023, cada fiscal o agente del ministerio público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento notable frente a las 181 reportadas en 2022; mientras que cada juez en materia penal atendió en promedio 356 causas.
El documento señala una disminución en la prisión preventiva: el 50.68 por ciento de los imputados en 2023 están en libertad con medidas cautelares, un 7.58 por ciento más que en 2022. Sin embargo, al menos 4,742 personas llevan más de 730 días bajo estas medidas a nivel estatal, por lo que estos casos requieren revisión.