En México, el Senado de la República no ha cumplido con su obligación legislativa por no confirmar el Acuerdo de Escazú, que se adoptó desde el de marzo del 2018.
Este documento es el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales; además, es el único instrumento jurídicamente vinculante que se deriva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20).
Esta guía de Derecho Ambiental para Latinoamérica y el Caribe establece la obligación concreta de sus 22 Estados para garantizar la protección de personas que defienden sus territorios y su derecho a un medio ambiente sano.
Amelia Arreguín, directora general de la organización Eco Maxei Querétaro, A.C., señaló la importancia de pensar más allá de la ratificación e indicó cómo la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú puede ser un parteaguas para el fortalecimiento de la ciudadanía ambiental de colectivos históricamente marginados, como mujeres y jóvenes.
Mencionó que “estamos colapsando nuestro sistema de vida, sobre extraemos recursos naturales, hemos puesto a los ecosistemas y las especies bajo una enorme presión que incluso estamos generando una gran sexta extinción masiva”.
Indicó que la complejidad ambiental en México es enorme, un ejemplo es la existencia de más de 800 conflictos socio-ambientales mineros en entidades como Chiapas, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Michoacán, entre otros. Además que en Tabasco, Chiapas y Veracruz, son constantes los incidentes por derrames petroleros.
Detalló que el Acuerdo es un instrumento sin comparación para resolver los problemas ambientales de México y tras entrar en funcionamiento se necesita que los gobiernos adopten sus reglamentos y se tengan políticas de protección de los derechos humanos y ambientales.
“Para ser un éxito, se requiere que los delitos ambientales sean enjuiciados y pedimos que el Senado cumpla con su deber y cumpla su papel de defensor de los más vulnerables”, dijo.
Denunció que Querétaro padecen principalmente de problemas socio-ambientales como es la expansión urbana descontrolada, implantación de corredores industriales, aeronáuticos y automotrices sin restricción alguna, acaparación política del agua, minería al aire libre que se ubican en la sierra y semidesierto, afectando a muchas poblaciones locales.
En la actualidad, de los 22 países firmantes del Acuerdo; 9 lo han ratificado y se necesitan 2 naciones por aprobarlo y pueda entrar en funcionamiento.
La decisión que se encuentra en manos del Senado, para seguir avanzando en el compromiso que el país tiene con los derechos de acceso en materia ambiental en la región, detalló.
Por su parte, Juan Carlos Carrillo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), indicó que “este Acuerdo es un instrumento legal vinculante, regulación con los más altos estándares y, al mismo tiempo, contextualizados para la región latinoamericana, además de que establece la obligación de la protección de personas que defiende al medio ambiente”.
Aceptó que la reducción del presupuesto federal al medio ambiente, aún no empata o daña al Acuerdo, debido a que no ha entrado en funciones. “Sin embargo, el recorte presupuestal en la ecología será evidente en el futuro cercano”.
Escazú a la fecha solo ha sido firmado por 22 países, y tan sólo 9 países han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay.
Finalmente, Mariana Blanco, vocera del Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica en América Latina (TSE) de la Fundación Friedrich-Ebert explicó que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más biodiversas del mundo, sin embargo, las economías latinoamericanas son muy dependientes de la extracción de recursos naturales, lo que está generando una acelerada degradación de sus ecosistemas.
A este contexto se suma que América Latina es la región más peligrosa para los ambientalistas y México es un país que desde el 2012, tiene documentado casi 500 agresiones en contra de defensores del medio ambiente.
QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ
El pasado 4 de marzo de 2018 se adoptó en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo detalla el piso mínimo que la legislación de cada país debe tener para promover y garantizar el acceso a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones de los proyectos que pueden afectar el medio ambiente.
Eco Maxei Querétaro, A.C., Fundación Friedrich-Ebert, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental y Cultura Ecológica–, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental y Cultura Ecológica, hicieron un llamado a las y los senadores para cumplir con la responsabilidad histórica que les corresponde en materia de derechos ambientales.