De acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2019-2024 (Pronafor), México tiene las metas de incrementar su producción forestal maderable en un 21.92%; incrementar el financiamiento destinado al sector forestal por la banca de desarrollo en 54%; incrementar la superficie con manejo forestal sustentable de 4.3 millones a 7.5 millones de hectáreas; reducir la tasa de deforestación bruta anual de .26% a .198%; evitar que se incremente el número de zonas críticas de tala ilegal y reducir la tasa de variación de la superficie de ecosistemas forestales sensibles al fuego en 47%, entre otras.
Sin embargo, el presupuesto que se propone asignar al sector para el año 2021 no corresponde con el tamaño del reto y dificultará el cumplimiento de los objetivos, explicó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
La presente administración federal ha mantenido la tendencia de recortar año con año el presupuesto ambiental. En el caso del sector forestal, estos recortes ponen en entredicho la posibilidad de cumplir las metas del Pronafor y las metas comprometidas por el país a nivel internacional en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como es, alcanzar la tasa cero de deforestación en el año 2030.
Los recursos asignados debilitan el fomento del manejo, conservación y aprovechamiento de los bosques, selvas y otros ecosistemas forestales y reducen las capacidades de las instituciones encargadas de vigilar la legalidad en las regiones forestales, es decir, se abre la puerta al clandestinaje y cambios de uso de suelo sin autorización.
El presupuesto anual destinado al Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, manejado por la Conafor, ha caído en años recientes. En el año 2016 ese Programa recibió 4,703 millones de pesos, pero para el 2021 se propone que sea de apenas 826 millones de pesos, lo que representa 19% menos de lo asignado para 2020, que fue de 1,019 millones de pesos, en pocas palabras, el presupuesto ejercido en el periodo de 2014-2020 el recorte es de un 65%.
Esto significa que los recursos destinados a fortalecer el manejo forestal comunitario a través de diversas actividades (estudios técnicos, fortalecimiento de capacidades, programas de restauración productiva, entre otros) se reducirán aún más para el próximo año, a pesar de que esta es la tarea más importante si efectivamente se quiere generar desarrollo local y al mismo tiempo conservar los ecosistemas forestales.
México cuenta con más de 137 millones de hectáreas de territorios cubiertos por vegetación, lo que representa casi el 70 por ciento de la superficie del país, y con un importante potencial de producción de maderable y no maderable.
El modelo de gestión y aprovechamiento forestal sustentable por parte de las comunidades y ejidos ha probado ser eficaz en la conservación de los recursos naturales en el largo plazo, al tiempo de permitir la generación de empleos e ingresos en los núcleos agrarios.
La propiedad social de los terrenos forestales abarca 15,584 núcleos agrarios, que en conjunto acreditan la propiedad de 62.6 millones de hectáreas de bosques, selvas, y vegetación forestal de zonas áridas.
En las regiones forestales del país se concentra la mayor riqueza y diversidad biológica, que es producto del manejo que históricamente le han dado las comunidades y pueblos indígenas que habitan esos territorios. De las 10.9 millones de personas que habitan en las regiones forestales en México, 3.2 millones pertenecen a comunidades indígenas y el bosque es una importante fuente de ingresos, combustibles y alimentos para todas estas personas.
A pesar del potencial económico, social y ambiental del sector forestal, hay un fuerte déficit en la balanza comercial de productos forestales, pues solo se producen 9 millones de metros cúbicos de madera de los 27 millones de metros cúbicos que se consumen anualmente en el país.
De la superficie forestal del país solo 6.2 millones de hectáreas se encuentran bajo manejo y aprovechamiento (Semarnat, 2020).