El migrante medioambiental es aquel que por razones de contaminación o agotamiento de su ecosistema afecta en forma negativa sus condiciones de vida, viéndose obligado a dejar su hogar habitual, en un desplazamiento que puede ser dentro o fuera del país de origen y temporal o permanente, señaló Jazmín Sánchez Estrada, coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La experta declaró que el Cambio Climático tiene un elemento “que nos obliga a abordar de manera pertinente una solución al tema de la migración por razones medioambientales, ya que su deterioro no sólo obedece a cuestiones de la naturaleza, sino a cambios que el ser humano ha provocado”.
Uno de los principales grupos que sufre las consecuencias de estos cambios ambientales son las comunidades indígenas, que se dedican a la agricultura y a la protección del medio ambiente, pues es su hábitat.
Al refugiado ambiental le subyace una serie de situaciones inherentes, como el hecho de que huye de su zona habitual de hábitat buscando mejores condiciones, pero derivado de amenazas que pueden ser por parte de su gobierno o provocadas por una inestabilidad política, lo que lo lleva a desplazarse y no debe denominársele migrante ambiental.
Por su parte, David Chacón Hernández, investigador del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, al exponer “La defensa del medio ambiente en la perspectiva de los pueblos indígenas” señaló que las grandes empresas de los países más poderosos llevan a cabo el colonialismo en la materia, al explotar recursos de los menos desarrollados, esto implica acabar los bienes de los más pobres para que después las corporaciones de las naciones más poderosas los vendan, generando monopolios ambientales verdaderos.
Informó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo otorga a los pueblos originarios el derecho de controlar sus territorios y riqueza natural, no obstante, en la mayoría de las naciones el control pertenece al Estado y, en ese sentido, es éste quien tiene la potestad de otorgar las concesiones para la explotación, sólo que ahora se dice que tiene el deber de implementar mecanismos de consulta.
Los recursos que se encuentran en esos lugares siguen siendo saqueados de manera flagrante e ilegal, porque los indígenas son convencidos, con dinero de por medio, para permitir la explotación de sus bienes, sin embargo, siempre existen líderes que se oponen a la extracción indiscriminada y no se dejan comprar, denunció.
Muchas minas y proyectos para el establecimiento de presas hidroeléctricas en México se encuentran en espacios indígenas y la opción para abrirse paso a la explotación es intentar comprar las voluntades o reprimirlos a base de amenazas, desapariciones o asesinatos.
La represión que ejerce el Estado se lleva a cabo no sólo a nivel federal, sino en muchas ocasiones en los ámbitos estatal o municipal, corrompidos por las grandes empresas.
La mejor forma de defender los recursos es ser parte de ellos, ya que la defensa de la naturaleza no va a encontrar su mejor protección en el modelo económico de explotación intensivo actual, finalizó.