La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 23 de febrero y por el Senado de la República el 2 de marzo pone énfasis, entre otras medidas, en modificar el orden de prioridad en el despacho de los generadores de energía eléctrica. En la práctica, esta medida implica que, a partir de dicha reforma, las empresas productivas del Estado, en este caso la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), tendrán prioridad para la provisión de energía a la red eléctrica. En este sentido, el orden de preferencia quedaría se la siguiente manera: 1) la energía generada en las centrales hidroeléctricas de la CFE; 2) la generada por otras centrales de la CFE, como nuclear, geotérmica, termoeléctrica y de ciclo combinado; 3) energía solar y eólica de particulares; y, 4) la energía de ciclo combinado generada por empresas privadas.
Actualmente, esta medida está lejos de ser una solución para atender la emergencia climática y cumplir con los compromisos y obligaciones que México tiene tanto a nivel nacional como internacional para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esto se debe a que la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con la capacidad para abastecer a la red eléctrica con energías limpias y renovables para alcanzar la transición energética, por lo que daría prioridad a plantas contaminantes a base de combustibles fósiles y otros con externalidades ambientales y sociales como las grandes hidroeléctricas.
Esta situación se refleja en el presupuesto del sector energético del país. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, 96% del presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) fue asignado a actividades de gas y petróleo; mientras que el gasto público asignado por esta secretaría a cambio climático representó únicamente 0.8% del total. Por su parte, la CFE, que a partir de ahora tendrá prioridad en el despacho de electricidad, solo asignó 0.12% de su presupuesto de 2021 a acciones relacionadas con la atención al cambio climático, mientras que de los recursos asignados a programas y proyectos de inversión tan solo 2.8% corresponde a proyectos de energía renovable, sin incluir hidroeléctricas.
Asimismo, como lo muestra el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2020 publicado el 4 de febrero por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), en términos de finanzas públicas, el país aún enfrenta grandes retos para llevar a cabo las acciones requeridas para atender el cambio climático. De los 21 países analizados, correspondientes a los más emisores de la región latinoamericana, México ocupa la posición 18 en el ranking de finanzas sostenibles, lo que lo sitúa en un nivel de desempeño bajo. Esto debido a que una proporción importante de sus ingresos, que en 2019 significó 23.5%, provino de actividades intensivas en carbono, como es la explotación de gas y petróleo, mientras que una proporción importante del presupuesto público, que en 2019 ascendió a 11.1% del presupuesto total, se dirige a la explotación de hidrocarburos. Por su parte, el presupuesto sostenible del país, que incluye inversiones en energías renovables, es aún muy limitado, representó tan solo 0.05% del presupuesto total ese año, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, el presupuesto intensivo en carbono representó 57.69% del total del presupuesto del sector energético y 11.07% del presupuesto total del país, 254 veces más que la suma del presupuesto conjunto destinado a energía renovable y eficiencia energética.
Los resultados del Índice muestran que el actual gobierno mexicano, no está invirtiendo en la transición energética, y con las modificaciones a la LIE garantiza que seguirá perpetuando el modelo basado primariamente en combustibles fósiles, sin dar oportunidad a que las energías renovables sigan evolucionando en el país. Es decir, el gobierno no está generando las condiciones para impulsar esta transición, la cual debe ser justa y sostenible, y debe ayudar a combatir la pobreza y desigualdad energéticas y garantizar los derechos humanos.
Es urgente que el Congreso de la Unión promueva reformas fiscales para lograr la descarbonización de las finanzas públicas y promueva un incremento de recursos presupuestales para alcanzar la transición energética, por las presentes y futuras generaciones.