Las asociaciones Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Centro de Estudios Espinosa Yglesias y México Evalúa, en el marco del Día Mundial de la Salud, informaron que el sistema de salud en México, sin embargo, presenta enormes fallas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud, de principio, se excluye a 33 millones de mexicanos (26 por ciento) y es inequitativo, lo que afecta a la población más pobre.
La vinculación del acceso a servicios de salud con el régimen laboral constituye una de las principales fuentes de exclusión, discriminación y violación del derecho a la salud. Es indispensable romper el cordón umbilical entre salud y trabajo a fin de erradicar y superar la dicotomía entre formalidad e informalidad.
Solo el 45 por ciento de la población, 56 millones de personas, cuenta con afiliación a servicios de salud de la seguridad social −IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Semar y Sedena −. El 27 por ciento de la población (33.8 millones de personas) está afiliada a sistemas públicos diferentes a la seguridad social, como el Seguro Popular, hoy Insabi e IMSS Bienestar. El 2 por ciento cuenta con seguro privado o afiliación a otra institución. Y el 26% restante carece totalmente de afiliación a servicios de salud.
El 34 por ciento de la población afiliada a servicios del seguro social recurren a los servicios privados, principalmente consultorios dependientes de farmacias. Al igual que el 41 por ciento de la población de los sistemas públicos diferentes a la seguridad social, se encuentra en la misma situación.
El sistema de salud ha descuidado la atención primaria en salud, que es responsable de prevenir, identificar el riesgo, así como detectar las enfermedades en su etapa temprana, para evitar que se compliquen y donde deberían resolverse el 80% de las necesidades de salud, detectar y contener los riesgos mayores.
La fragmentación del acceso a servicios se agrava con la insuficiencia presupuestaria. México es de los países de la OCDE que menos gasta en salud, destina sólo 2.8 por ciento del PIB cuando 6.6 por ciento es la proporción promedio de los países que conforman este organismo internacional.
En 2020, el gasto público en salud creció 9 por ciento con relación al año anterior y apenas superó en 3 por ciento el presupuesto asignado en el PEF 2020. El incremento en la variación anual no fue nada excepcional si se considera que desde 2016 no hubo crecimiento, y en 2019 se acumularon tres años de caídas consecutivas.
En un contexto de pandemia, que el gobierno ejerza en tiempo y forma los 670 mil millones de pesos (2.7 por ciento del PIB) que tiene presupuestados para 2021 como gasto funcional en salud tiene una importancia vital. Sin embargo, a febrero sólo ha ejercido el 11 por ciento de ese monto y las principales instituciones de salud oficiales, no ejercieron 20.6 por ciento del presupuesto aprobado en el bimestre.
Por otra parte, preocupa la forma en que la atención a la pandemia ha acaparado los recursos del sector salud, y desplazado la atención de otros padecimientos. Resulta dramático, por ejemplo, que en 2020 sólo se dieran 168,173 consultas para la atención de cáncer de mama y cervicouterino en unidades de la Secretaría de Salud y de Servicios Médicos Estatales y Municipales, el equivalente a 43 por ciento del total de consultas otorgadas en 2019 (383,462).
Las consultas en las 101 Unidades de Especializadas Médicas en Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud, que atienden principalmente a pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia (todas comorbilidades de covid-19), también se redujeron el año pasado: un 49 por ciento con respecto a 2019.
Por ello, se recomendó que se debe romper el vínculo entre salud y régimen laboral, para que todas las personas puedan acceder a servicios de salud como un derecho, sin condiciones y sin distinción.
Además de dar sostenibilidad al presupuesto de la salud. Financiarlo con impuestos generales que reduzcan sustancialmente la carga económica en los bolsillos de las familias.
Igualmente, se debe transparentar el presupuesto asignado a la atención de la pandemia COVID-19 y modificar los criterios de asignación del FASSA del Ramo 33.