La polémica del modelo de trabajo que consta en contratar a una oficina que funge como un tercero en dotación de personal a un corporativo -popularmente conocido como outsourcing-, comenzó cuando en noviembre de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó una iniciativa para regular este sistema laboral pero que no se consensuo con diversos actores sociales, empresariales y sindicales.

Durante años se han denunciado casos de empresas que tenían pocos trabajadores registrados en el Seguro Social, y la mayoría de su nómina en la modalidad de outsourcing. Esto permitía que las empresas no se hicieran cargo de los derechos laborales y del pago de impuestos. Por ello, la reforma a la Ley de Outsourcing tiene como objetivo reducir estas situaciones, explica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En días pasados, se realizó una reunión de líderes sindicales, empresarios y el gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llegó a una conciliación sobre la reforma al outsourcing, la iniciativa comprometida es que este modelo de contratación solo podrá usarse en labores especializadas –no propias del objeto social de las empresas–; al tiempo que prevé limitar el pago de utilidades a los trabajadores a un máximo de 90 días de salario.

La reforma legal contempla otorgar un plazo de tres meses para su implementación, y un mes para implementar el nuevo Registro Nacional de Empresas de Subcontratación; la iniciativa laboral se estima que la Cámara de Diputados la apruebe en estas semanas.

Diego Eduardo Naveda Priego, director general de la Asociación de Empresas de Capital Humano (AMECH), cataloga la propuesta del outsourcing como un documento que no quiere prohibir a este esquema de contratación, pero la modificación establecida se tiene que cabildear para establecer beneficios a todos los sectores.

Si bien, dicho acuerdo puede ser votado o reformado en estos días en la Cámara de Diputados federal, el directivo empresarial espera se puedan realizar adecuaciones al documento y subsanar las fallas que se perciben en el mismo, como es el riesgo de que casi 2.5 millones de personas pierdan su trabajo, pues al no ser trabajadores especializados que brindan servicio especificó a una industria, se les despedirá.

En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estima que casi 5 millones de personas están contratadas por outsourcing, además que uno de cada 3 empleos de este universo se vería trastocado con el actual acuerdo.

El directivo de la AMERCH puntualizó que este acuerdo genera incertidumbre laboral y ejemplificó que en entrante Tratado de Libre Comercio (T-MEC) exige ser un país más competitivo y no serlo provocará que las inversiones se vayan a otros mercados emergentes que no tengan regulaciones tan excesivas y fuera de la realidad.

“Los otros países líderes a nivel global en outsourcing como México no tienen reglamentaciones tan complejas como la que se piensa establecer; por ello, ya estamos en diálogo permanente con la bancada del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para modificar aquello que estimamos daña a los empleos”, enfatizó.

“Es tan importante el outsourcing que al mes, más de 180 mil personas consiguen trabajo bajo este esquema laboral, y no podemos afectar este ritmo de recuperación del trabajo que requiere el país”,  acotó.

“El actual acuerdo puede limitar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que contratan a personas que les brindan desde servicios técnicos a básicos como es la limpieza de oficinas, mensajería, etc.”, explicó.

Además que “los grupos vulnerables -adultos mayores, madres solteras y jóvenes-, se verían muy afectados al irse a la informalidad, pues no olvidemos que la subcontratación siempre es la primera opción para el empleo a esos sectores poblacionales”.

El directivo empresarial enfatizó que “en pocas palabras, esta iniciativa provocará más desempleo, en una país muy golpeado por la pandemia”. Ejemplificó que son más de 40 grandes empresas de outsourcing aquellas que realizan la mayor contratación de personal en México, que debido a este acuerdo tendrán que reducir sus plantillas y, por ende, no darán oportunidad de que los grupos sociales vulnerables tengan acceso a un empleo”.

La Asociación de Empresas de Capital Humano (AMECH) cataloga la propuesta actual no será motivo para que las empresas de subcontratación se vayan del país, aunque sí se perdería un importante porcentaje de la facturación por la reducción de sus actividades.

Más del 60% de las empresas que usan los esquemas de subcontratación son microempresas, por lo que es importante darles la opción de subcontratar de manera formal.

Al buscar una respuesta de la STPS sobre los señalamientos de las empresas de outsourcing u opinión de expertos sobre el consensuar el tema, la dependencia federal argumenta que no darán posicionamiento alguno hasta tener aprobación de la iniciativa y contar con permiso de Presidencia de la República para expresarse de forma pública, que al momento sólo se pueden consultar lo expresado en el comunicado oficial de Presidencia.

Carlos López Jones, director de Consultoría Empresarial en Tendencias.mx, detalló que el acuerdo tripartito e iniciativa preliminar sobre el outsourcing no va a fondo del problema, pues no toca los temas de prestaciones sociales e inhibe la contratación de nuevos trabajadores y generará un mercado negro e informal del empleo.

El tema se politizó y el outosurcing ejercido de forma errónea por algunas empresas le colocó en la mira del gobierno que le considera “el malo de la película” y se le busca reglamentar, pero sin analizar el impacto en la base social de empleados que corren grandes riesgos de irse a la informalidad.

Calificó al actual acuerdo de la subcontratación como algo no tan bueno, pese a que se sentaron los empresarios con el Presidente, pues fueron a no pelear, cuando se está en ciernes la posible llegada de nuevas empresas con el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), situación que obliga a replantear la forma de contratar personal, pues en Estados Unidos se están creando leyes más flexibles para que las corporaciones se queden en dicha nación.

“La complejidad de las leyes que se pretenden establecer en México espantaran a los inversionistas, que están apreciando la sencillez de contratación que exigen en los Estados Unidos. Los grandes corporativos no quieren batallar con leyes complejas, buscan ecosistemas que les permitan ser autosuficientes y competitivos”, acotó.

Cabe mencionar que el T-MEC lo que pretende es transparencia laboral y sindical, pues los americanos aprecian que México padece de mucho “sindicalismo charro”.

Una solución para el problema del acceso a prestaciones laborales vía el outsourcing es establecer leyes y esquemas similar al implementado en los Estados Unidos, donde toda la población laboral sufraga al sistema de salud y tiene acceso al mismo, lo cual, permite reducir los costos de contratación.

UNA PANDEMIA: LA ILEGALIDAD EN EL OUTSOURCING

 

En México, 9 de cada 10 empresas dedicadas a la subcontratación son fraudulentas, señala el investigador José Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas (IEE) de la UNAM.

Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera hace casi tres años, descubrió mil 854 empresas fachada relacionadas con el outsourcing ilegal, mientras que las autoridades hacendarias estimaron que en 2018 este esquema permitió que se evadieran impuestos por 470 mil millones de pesos.

Al respecto, el directivo de la AMECH subrayó que “es una realidad que se padece de una competencia desleal muy grave, donde muchas empresas subcontratantes no pagan impuestos, desvirtúan este modelo de trabajo y violan derechos de salarios, etc., han provocado que a todo el sector se les catalogué como enemigos de la sociedad. Trabajan con esquemas fiscales agresivos e ilegales que no facturan. Cuando las empresas legales si pagan impuestos, reducen costos a las corporaciones, otorgan prestaciones e impulsan la competitividad”, aceptó.

Mencionó que se tiene que poner un alto a aquellas empresas ilegales que le dan vuelta a la ley, que afectan a los trabajadores y sólo son utilizadas para ciertos intereses y afectan a todo el sector. Se requieren leyes acordes a la realidad que se aprueban y cumplan para así impulsar el empleo, pero no se pueden echar a todas las empresas en una misma bolsa.

 

CUPULA EMPRESARIAL APRECIA CON BUENOS OJOS EL ACUERDO

 

José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que el acuerdo establecido en el outsourcing es benéfico por los diversos tópicos que se establecieron y que “permite que las empresas ganen al tener posibilidad de seguir contratando a personal por esta vía –en servicios no internos especializados- sino de limpieza, mantenimiento, etc., así como algunos servicios de atención a productos informáticos u otros-, mientras que el personal especializado, se tendrán 3 meses para su basificación.

 

LA MANO DE OBRA JOVEN QUIERE UN MUNDO LABORAL MODERNO

 

El experto de Tendencias.mx dijo que la Federación y algunos empresarios no han entendido la nueva realidad de la joven mano de obra, pues los adultos de entre 20 a 30 años, ya no son como sus padres, no quieren estar 20 años en una misma oficina. En la actualidad, las personas en dicho rango de edad ya han estado en más de 4 empleos”.

“Es imposible que tratemos de imponer esquemas de trabajo como en el pasado, hasta grandes empresas que no entendieron la realidad han dejado de existir, como fue Nokia o BlackBerry, aspecto que no quiere entender la Federación y apuesta por regresar a los años 70s, es inviable gobernar con esa visión del pasado”, enfatizó.

Ahondó que el proceso de automatización del empleo, la fiscalización de la mano de obra y sólo modificaciones de la contratación del outsourcing al nuevo modelo a implementar, no modificará la actitud de las nuevas generaciones de personas”, mencionó.

Carlos López mencionó que las empresas modernas en estos días venden experiencias para el talento joven y los usuarios de las mismas, un ejemplo son los modernos complejos hoteleros, que contratan a terceros y exigen a la mejor mano de obra. “Es momento de dejar en el pasado la idea de que una persona le pertenece a una empresa”, dijo.

 

MÉXICO DE LOS QUE MÁS USAN OUTSOURCING

México es el cuarto país donde más personas trabajan con contratos de outsourcing –un estimado de 4.7 millones de individuos-, según la Confederación Mundial de Empleadores (WEC, por sus siglas en inglés).

En Querétaro operan 93 empresas de outsourcing, cuya mayoría tienen domicilio fuera del estado, precisó la Secretaría del Trabajo estatal.

El “Reporte Económico 2021” de la WEC indica que antes de la pandemia más de 61 millones de personas se contrataron vía el outsourcing gracias a agencias en 40 países.

Los primeros en la lista son Estados Unidos (16 millones de trabajadores), China (11.7 millones) y Japón (4.8 millones).

 

Y LA POSTURA OFICIAL?

 

Durante la presentación oficial del acuerdo laboral, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde expuso que “los acuerdos alcanzados comprenden cinco aspectos: la prohibición de la subcontratación de personal; la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social de la empresa contratante; el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios; la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Expuso que “los acuerdos contribuyen a saldar una deuda histórica en favor de las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo la figura de la subcontratación y han visto vulnerado sus derechos”.

 

QUÉ ES EL ACUERDO GOBIERNO-EMPRESA-SINDICATOS

 

  • Se prohíbe la subcontratación de personal para tareas que forman parte del objeto social de la empresa.
  • Se contempla la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
  • Se contempla el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados.
  • Se prevé la responsabilidad solidaria de la empresa contratante en caso de incumplimiento de la subcontratista con el trabajador.
  • Se otorga un plazo de tres meses para que los patrones reales incorporen a su nómina a los trabajadores que tenían subcontratados.
  • Se crean dos modalidades para el cálculo del reparto que serán con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

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