El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, de la organización World Justice Project (WJP), dio a conocer que los Estados con los puntajes más altos son Yucatán (0.47 puntaje), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). Yucatán ha ocupado la primera posición por tres años consecutivos. Mientras que el estado de Querétaro (0.44), se coloca en la cuarta posición de las entidades que más respeta el Estado de Derecho.
En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).
Asimismo, desde la versión pasada, los puntajes aumentaron marginalmente en 17 estados, descendieron en 5, y permanecieron sin cambios en 10. También, cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), Nayarit (de 0.37 a 0.42) y Querétaro (de 0.43 a 0.44).
En dichas 8 categorías, el estado de Querétaro obtiene las siguientes posiciones: en Límites al poder gubernamental: lugar 5. Ausencia de corrupción: lugar 1. Gobierno abierto: ÚLTIMO lugar. Derechos fundamentales: PRIMER lugar. Orden y seguridad: lugar 15. Cumplimiento regulatorio: lugar 3. Justicia civil: lugar 9. Justicia penal: PRIMER lugar.
Once estados ya usan el Índice de Estado de Derecho en México para sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno, y otros instrumentos de planeación.
En la categoría de Gobierno abierto, los comentarios de los encuestados -opiniones que derivan en las posiciones de los Estados, resalta que aspectos como participación ciudadana y acceso y derecho a la información pública, son los grandes y graves pendientes que tienen los diversos órganos de gobierno.
El Índice de Estado de Derecho en México analiza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país. Es la tercera edición que se realiza en México, lo que permite registrar avances y retos persistente sobre el Estado de Derecho en las entidades federativas.
En su tercera edición, que clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25,600 personas.
Para Leslie Solís, investigadora del WJP, indicó que “los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada”.
Al presentar dicho índice se informó que se registraron descensos en 16 estados en el puntaje del Factor 8, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal. Los datos sugieren que la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital tuvo un impacto en los sistemas de justicia penal, al verse limitado el acceso a servicios de justicia por medios remotos y colaborativos.
A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal por tercera ocasión, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.