En 5,222 núcleos agrarios (es decir, territorios pertenecientes a ejidos o comunidades) con cobertura forestal se tienen concesiones mineras. Estas concesiones representan una importante amenaza para la integralidad de los ecosistemas forestales y atentan contra los derechos de las comunidades locales, dio a conocer el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Estos 5,222 ejidos representan el 39 por ciento de los 13,422 ejidos y comunidades agrarias con más 200 hectáreas de bosque o selva del país. Son 12,616 las concesiones mineras otorgadas en estas tierras ejidales -sin consentimiento de sus titulares-, lo que representa el 48.2 por ciento de las concesiones mineras otorgadas en el país (26 142 en total).
Si bien el otorgamiento de concesiones no implica, todavía, proyectos mineros activos, sí representa una amenaza al territorio, pues en cualquier momento pueden iniciarse los trabajos de exploración y posteriormente de desarrollo de minas y explotación.
Estos datos son el resultado de la investigación cartográfica Bosques comunitarios y minería en México, elaborada por Sol Pérez, Sergio y Madrid y Leticia Merino, para el CCMSS. Otro dato arrojado por la investigación es que esas 12,616 concesiones mineras afectan una superficie de 18.4 millones de hectáreas de territorio cubierto por bosques y selvas.
Los y las expertos detallaron que las concesiones mineras sobre territorios comunitarios representan un grave riesgo por las afectaciones que tienen las actividades mineras sobre los ecosistemas forestales y una enorme amenaza para los derechos comunitarios y el potencial social y ambiental con que cuenta el país para desarrollar economías locales a partir del aprovechamiento forestal sustentable.
De acuerdo con el análisis, a la fecha existen 342 proyectos mineros activos en 356 núcleos agrarios con cobertura forestal, de los cuales 248 están en exploración, 14 en desarrollo, 66 están operando y 14 están suspendidos.
“La minería destruye las áreas forestales, sobrexplota y contamina las fuentes de agua, también contamina el aire y los suelos y destruye el paisaje y los ecosistemas, a menudo de forma irreversible. Estos impactos representan para las empresas externalidades que otros deben asumir, a partir de un marco legal fuertemente permisivo que no considera siquiera la destrucción ambiental, ni la violación de derechos humanos y laborales como causas de cancelación de concesiones”, se informó.
De ahí que es fundamental modificar la Ley Minera y proteger los derechos de las comunidades y ejidos dueños de los territorios forestales. En las regiones forestales de México hay importantes casos paradigmáticos de buen manejo de los territorios que es importante reconocer y fortalecer. El manejo sustentable de los territorios es realmente una actividad de interés público que genera desarrollo local, empleos y garantiza la conservación de los ecosistemas y todos los beneficios que ellos brindan, en el presente y a largo plazo.