Ante los impactos económicos generados por la COVID-19 en el transporte público, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), autoridades y empresarios del sector proponen un Programa de apoyo financiero para el sector del transporte público dividido en tres etapas, con una visión a seis años y que urge a la asignación inmediata de apoyos económicos de los gobiernos federal y estatales.
Las organizaciones sociales WRI México, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, (AMAM) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), estiman en 19 mil 500 millones de pesos las pérdidas acumuladas por los prestadores del servicio de transporte público durante la emergencia sanitaria.
Las pérdidas del sector por la pandemia se estiman hasta en un 40 por ciento del ingreso habitual, lo que pone en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad de los sistemas de transporte públicos de las principales ciudades del país.
Se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio y, en casos extremos, la suspensión de rutas como alternativas para reducir costos de operación, sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.
El transporte público colectivo es el medio que utiliza cerca del 40 por ciento de mexicanas y mexicanos (50 millones de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos (principalmente de conductores de unidades de transporte), y representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas.
Ante este escenario WRI México, la AMAM y los industriales del transporte proponen que, en una primera etapa, se etiqueten recursos federales y estatales para apoyo al sector, que se incluyan en el presupuesto federal beneficios fiscales en IVA e ISR, y que se incrementen los beneficios en el impuesto al combustible; así como que se otorguen garantías de crédito con respaldo gubernamental.
Para la segunda etapa, con una visión de 1.5 a 3 años, se proponen acciones financieras y operativas para reactivar la economía del sector e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la inclusión y la calidad de servicio. Para esta etapa se propone incentivar la inversión en infraestructura y renovación de flota; revisar y ajustar los modelos de negocio del transporte público; la reducción de aranceles a la importación de autobuses con visión de transición tecnológica e incentivar la transformación empresarial.
En una tercera etapa con una visión de 3 a 6 años se proponen soluciones en términos financieros, operacionales y administrativos para consolidar fuentes alternativas de fondeo y financiamiento, junto con el marco normativo necesario para tener acceso a estas fuentes. Rescatar al transporte público requeriría de una inversión estimada en 323 mil mdp, de acuerdo con las proyecciones realizadas.
“Para garantizar el derecho a la movilidad es necesario asegurar recursos que permitan la planeación del transporte a corto, mediano y largo plazo (…) atender la necesidad inmediata y lo estructural requiere de medidas concretas, por ello hoy queremos hacer un llamado respetuoso al gobierno federal, a los gobiernos subnacionales a actuar de manera decidida, urgente, estratégica y coordinada para el establecimiento de un Programa de Apoyo Financiero al Transporte Público que ayude a establecer sistemas sustentables, sostenibles y de calidad para los mexicanos”, dijo Adriana de Almeida Lobo, Directora Ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México).
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