Frente a la reforma laboral impulsada por este gobierno, los sindicatos universitarios deberán evaluar estrategias para cumplir con los requisitos del nuevo régimen “y no morir en el intento”, mientras que de cara a la nueva Ley General de Educación Superior las instituciones tendrán que hacer importantes esfuerzos para enfrentar los retos de cobertura, obligatoriedad y financiamiento, señalaron investigadores de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y de Guanajuato.
Gabriela Bensusán Areous, investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco de la UAM, señaló que el nuevo modelo laboral debió ser parte de la transición a la democracia política en las décadas de 1990 a 2000; sin embargo, esto no ocurrió y la política de bajos salarios resultó incompatible también con una vía alta de desarrollo basada en la innovación productiva y la verdadera competitividad con un reparto justo de sus beneficios.
El mundo laboral, si bien no afecta a todos los sindicatos universitarios, se volvió la “zona oscura” de la democracia y el mercado laboral fue un generador de pobreza y desigualdad y un espacio de enorme corrupción e ilegalidad a diferentes niveles que incluyó organizaciones gremiales, empresas y autoridades, tal como revelaron las inspecciones efectuadas en materia de subcontratación.
Las reformas institucionales proponen un nuevo modelo laboral, democrático y participativo, y lo más importante es que transfieren el poder que se acumulaba en las cúpulas hacia los trabajadores y buscan eliminar toda injerencia externa en la vida organizativa o que ha resultado en “una verdadera coyuntura crítica, porque se abre un periodo de transición que va a cambiar por completo las relaciones laborales que involucran a los sindicatos y las universidades”.
En este nuevo marco tienen lugar cinco grandes procesos de democracia sindical que se van a realizar en estos años y que tienen que ver con la revitalización de principios de libertad de asociación, negociación colectiva, autonomía, creación de organismos como el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral, así como las garantías a los derechos políticos de los miembros de las organizaciones gremiales, entre otros: la libertad para afiliarse o desafiliarse y la rendición de cuentas y transparencia.
Los retos para los gremios universitarios estarán en garantizar el voto directo, un proceso de relegitimación del contrato colectivo de trabajo, lograr la aprobación de la mayoría de los empleados cubiertos por el CCT y, por tanto, pensar en nuevas dinámicas para que se pueda transitar sin tener grandes problemas.
Por lo tanto, será necesario construir mayor pluralismo y democracia en el seno de las organizaciones; atender la heterogeneidad de los miembros y sus demandas diferenciadas, por ejemplo, de edad, género y por gremio, entre otras; establecer negociaciones claras y con participación de los trabajadores, y transparentar el manejo de recursos.
Los sindicatos deberán evaluar su situación y definir estrategias para cumplir los requisitos del nuevo régimen, pero sin por ello morir en el intento y mientras más democráticos y transparentes hayan sido, menos riesgos enfrentarán.
El doctor Edgar René Vázquez, investigador de la Universidad de Guanajuato, coincidió en que uno de los grandes retos en las instituciones de educación superior en relación con la reforma laboral es el de relegitimizar el CCT y las revisiones contractuales que se llevarán a cabo bajo el esquema de voto libre, secreto y directo, lo que cambia la vida sindical en el país.
Respecto del tema de las universidades frente a la Ley General de Educación Superior, la doctora Angélica Buendía Espinosa, jefa del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, expuso que los desafíos estarán en su implementación, ya que la nueva ley promueve una mejor articulación de los subsistemas de la enseñanza superior, impulsa la carrera académica y administrativa en las universidades, fortalece una mayor vinculación con la sociedad y sienta las bases de una política de financiamiento para el desarrollo de las instituciones de nivel superior con visión de Estado.
La ley, sin embargo, impone retos para su implementación, los cuales tienen que ver con la gobernanza, la coordinación y la autonomía; la cobertura, la obligatoriedad y la gratuidad, así como con los sistemas de información, la evaluación y la mejora de la calidad y, de manera muy importante, del financiamiento para la educación superior.