La Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República -bajo la presidencia del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué-, aprobó reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que benefician los intereses particulares de la industria en detrimento de la sociedad y del medio ambiente, pues evade reducir la contaminación por plásticos desechables.
La aprobación se dio este 18 de octubre en Comisiones Unidas con Estudios Legislativos Primera. Las y los senadores integrantes de esta Comisión ignoraron los comentarios y sugerencias realizadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, particularmente de la Alianza México Sin Plástico (AMSP), que engloba a más de 200 organizaciones civiles, preocupadas por la crisis de la contaminación plástica que afecta al medio ambiente, por lo que claramente la apertura de espacios de discusión sobre el tema han sido una simulación.
Peor aún, a pesar de las repetidas solicitudes de audiencia para participar por parte de la Alianza y de las promesas de colaboración por parte del senador Bolaños-Cacho, la Comisión de Medio Ambiente que él preside, aprobó sin consulta alguna una reforma que únicamente contó con insumos por parte de la industria, violentando así el derecho de la ciudadanía a la participación en la toma de decisiones públicas.
“La actitud del Senado de la República es lamentable, pues además de favorecer a la industria del plástico, por medio de un evidente acuerdo en lo oscurito, viola nuestro derecho a participar en asuntos públicos y omite la obligación del Senado en garantizar este derecho, como lo estipula el Acuerdo de Escazú, que estos mismos senadores y senadoras ratificaron el pasado abril del 2021”, recalcó Arnold Ricalde de Organi-k y miembro de la AMSP.
Representantes de la Alianza México Sin Plásticos declararon su total rechazo a dicho dictamen pues incorpora una definición sobre plásticos de un solo uso que apuesta por el reciclaje y no por la prevención y la reducción efectivas; evita dar más responsabilidad a la industria en el manejo de los plásticos desechables que ésta produce, y pone en riesgo la viabilidad de las leyes anti-plásticos que han decretado casi todos los estados del país.
El documento tampoco establece una clara jerarquía de gestión de residuos por lo que se termina promoviendo el reciclaje y la valorización energética de plásticos desechables como la solución al problema, cuando la jerarquía establece que se debe priorizar la prevención y la minimización en la generación de residuos. Lo anterior contribuye a la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, producto de todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos, alejando a México del cumplimiento de los acuerdos internacionales que ha adquirido, agravando la crisis climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad.