La Dra. Aleida Azamar Alonso, del departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco (UAM-X), indicó que la presencia de proyectos mineros legales, ilegales, de gran y pequeño tamaño son una realidad en las áreas naturales protegidas (ANPs) del país, provocando diversos contratiempos ambientales, como lo padece la Reserva de Sierra Gorda, los Tuxtlas, el Mar de Cortes, la Reserva Monarca, por mencionar algunos significativos, calificó de alarmante la presencia de la minería en las ANPs.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en sus datos más recientes del 2019 informa que existen más de un millar de minas (una concesión minera se puede componen de muchas minas) operan dentro de al menos 68 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en el país.
Cifras de la dependencia federal indican que Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y BCS, son los estados con mayor presencia minera en sus ANPs, administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Los datos detallados subrayan que existen 1,609 concesiones mineras ubicadas en ANPs, de las cuales el 75% ocupan Áreas de Protección de los Recursos Naturales (APRN); 63% en las Reservas de la Biósfera; 45% en Áreas de Protección de Flora y Fauna (APFF); 22% en santuarios, y 15% en Parques Nacionales.
En el caso de la Reserva Sierra Gorda en Querétaro, mencionó que “la minería que se ubica en la misma es muy variable en tamaño y cantidad, pues existe opacidad de datos y concesiones. “Los informes oficiales señalan que es minería artesanal, sin embargo no existen datos claros sobre cantidad de aprovechamiento, productividad, empleo, etc.”
Aunque, datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señalan que existen 7 presas de jale en Sierra Gorda, de las cuales 4 están en situación de provocar un riesgo ambiental. “En este caso prevalece la opacidad de datos y desconocemos a ciencia cierta esta realidad”.
Al consultar a Roberto Pedraza Ruiz, vocero del Grupo Ecológico Sierra Gorda, declaró que el tema de la minería no ha sido frente de trabajo del Grupo Sierra Gorda. “Es una actividad añeja (de raíz prehispánica) y que nos rebasa como sociedad civil, que sigue ocurriendo básicamente de manera artesanal, pero que sin duda ha dejado honda huella en la salud de las comunidades locales y su medio”.
Se estima que entre 700 y 1000 mineros extraen mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro y de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la producción supera las 800 toneladas, provenientes únicamente de los municipios de Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta de Montes.
En esta región, el mercurio se extrae en hornos artesanales que expone a los mineros y a sus familias a niveles elevados de mercurio incluso 20 veces mayores a los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La experta UAM-X detalló que los mismos datos oficiales indican que los municipios queretanos con riesgo de contaminación por la presencia del uso de químicos en la minería artesanal e industrial son Cadereyta por ácido sulfúrico y arsénico; Colón por cianuro; San Joaquín por mercurio y arsénico; Pinal de Amoles por mercurio, principalmente, elementos químicos que provocan aumento en las tasas de cáncer, problemas neurológicos, renales, así como la muerte prematura de infantes.
Explicó que la Federación (Secretaría de Economía a través del Servicio Geológico Nacional), autoridades estatales y municipales no proporcionan los datos reales de las concesiones mineras y hablan que en 2007 existían 26 permisos activos de minería y 23 plantas transformadoras de mineras extractivos y para el 2019 se estima que son más de 200 las concesiones en Querétaro, siendo san Joaquín y Peña Miller, los municipios con más crecimiento en minería ilegal (se estima en más de 300 minas fuera de la ley).
“Recordemos que en 2015 ya se presentó un grave incidente con un envenenamiento por arsénico en el agua de un poblado rural de Pinal de Amoles”.
En el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, el estado de Querétaro se señala que en el apartado de la ‘Participación de estados en el valor de la producción minera’ en el país, que la entidad ocupa el sitio 19 del listado nacional. Los principales minerales para la entidad son el oro, plata, cobre, zinc y caolín.
Según datos de la Secretaría de Economía, Querétaro mantiene 8 proyectos mineros con capital extranjero en 2020, que funcionaron pese a las afectaciones por la pandemia de la COVID-19, pues fueron de los sectores industriales que se calificaron como imprescindibles. Algunos de los proyectos son La Negra, El Escarpe, San Martín, Los Juárez, San Miguel-Antimonio,, Soyatal, Camila e Ysabela.
De acuerdo con el Informe Anual 2020 de la Cámara Minera de México (Camimex), Querétaro se encuentra en el sitio 12 de un total de 20 estados del país dentro de los principales productores de oro en México. En el caso de productores de plata, la entidad se ubica en el sitio 17.
El Servicio Geológico Mexicano indica que al año 2020, en el estado de Querétaro, en términos generales se tiene una extensión de territorio concesionado para minería de 102,279 hectáreas, que equivale al 1.7 por ciento de la superficie estatal (5,986,400 ha).
Las siete regiones mineras del estado son Pinal de Amoles (con los distritos mineros: Animas, Río Blanco, El Soyatal, Plazuela y Bucareli), San Joaquín (distritos: Maconí, Santo Entierro, San Juan Nepomuceno), Bernal (distritos: San Martín y San Antonio) y Querétaro (distrito: San Pedrito).
Las zonas de extracción minera no métalico son Cadereyta (Mármoles Vizarrón), Bernal (Caleras y rocas dimensionables), Colón (Opalífero y Caolín) y Querétaro (materiales de ornato) y Amealco (roca dimensionables).
Las principales minas en explotación de minerales son Compañía Peña de Bernal (Starcore International), en el municipio de Colón; Minera La Negra (Aurcana Corp.), en el municipio de Cadereyta y Minerales Sierra Gorda S.A. de C.V, en el municipio de Pinal de Amoles.
LA REALIDAD NACIONAL DE LA MINERIA EN LAS ANPS
Explicó que las ANPs en el país suman más de 90 millones de hectáreas de territorio y se estima que existen 73 proyectos mineros (en alguna de sus diversas fases, principalmente en exploración en un 50 por ciento) se ubica en las ANPs, sin importar si son las zonas de amortiguamiento o núcleo, aspecto que no es bien definido por la opacidad de datos y concesiones oficiales.
En referencia al argumento de las grandes empresas mineras que las extracciones en pequeño e ilegales son las culpables de la contaminación minera, agregó que, es una falacia, pues los grandes accidentes en México lo han provocado los grandes corporativos como Grupo México.
Tenemos que tener en cuenta que los yacimientos mineros provocan una amplia variedad de contaminantes, desde residuos sólidos, modificación permanente del paisaje, acústica, emisiones atmosféricas, agua con arsénico y otros elementos, erosión de suelos, etc.
El sector minero es la industria de mayor recuperación en tiempos post-Covid-19, pues al no detener sus actividades no sufrió una caída tan grave como la economía en global. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó que el PIB minero creció un 6.2 por ciento en 2021 y aporta el 2.8 por ciento del PIB nacional.
Explicó que en estos momentos el tema minero se encuentra en discusión por el aspecto de la nacionalización de los yacimientos de litio y que el país sea dueño de su explotación y no se deje a manos de empresas particulares.
Por su parte, la organización civil Cartocrítica indica que existen 53 proyectos mineros activos en ANPs federales y seis en áreas catalogadas como Patrimonio Mundial por la Unesco, entre ellas se encuentran las reservas de la biosfera el Vizcaíno, la Mariposa Monarca y el Alto Golfo de California.
Actualmente, se contabilizan 885 proyectos mineros activos en el país y existen 24 mil 75 títulos de concesiones mineras en 17.5 millones de hectáreas, lo que equivale a la extensión de la Península de Yucatán y Puebla.