La cultura de la extorsión ya era una realidad para miles de negocios en el país, sin embargo, su incremento en los últimos meses ha provocado que el proceso de reactivación gradual postpandemia de la sociedad sea lento, tedioso y, en algunas, ocasiones imposible, generando un círculo que abona a otros factores a resentir con más fuerza la inflación que flagela a la sociedad mexicana, informó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Según datos de INEGI, obtenidos en su encuesta nacional de victimización de empresas, en el año 2021 se denunciaron 829,000 casos de extorsión por cobro de piso en punto de venta, por vía telefónica y/o medios electrónicos; predominando la extorsión por cobro de piso, uno de cada dos.
“De los diferentes delitos de los que es víctima la actividad comercial, industrial y de servicios, es la extorsión el que predomina en el abanico de ilícitos cometidos por las pandillas de delincuentes que azotan al país, un flagelo que mina la actividad comercial y económica del país”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
Los Estados en donde más se ha dejado sentir esta problemática corresponden con la geografía de violencia que impera en la nación, es decir, en entidades como Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa y la propia capital, CDMX.
Con relación a la investigación, INEGI concluye que 24.60 por ciento, de los casi 4.8 millones de negocios que operan en el país, fueron víctimas de un delito, debiéndose observar que en el país impera el miedo y la desconfianza para hacer una denuncia por las consecuencias que puede haber y por la sospecha, muchas veces fundada, de la colusión existente por parte de autoridades con las pandillas de delincuentes.
Así las cosas, la estadística inversa refleja que de cada cuatro negocios, son tres y no uno los que han sufrido algún delito. En más de dos tercios del país se ha desatado una ola de extorsiones que gravitan fundamentalmente en el cobro de piso bajo acoso y amenaza, logrando cuotas mínimas redondeadas por la inflación de mil pesos mensuales hasta los veinte mil o treinta mil pesos, dependiendo el giro y el éxito del negocio de que se trate.
La inseguridad en 2021 provocó pérdidas de más de ciento veinte mil millones de pesos, .67 por ciento del PIB; sin embargo, esta cifra es mucho mayor si consideramos lo que se dejó de ganar, lo que la violencia inhibió o impidió hacer a los agentes económicos; en pocas palabras, la cifra de lo no ganado es mucho mayor que la de lo perdido, bien se podría estimar en cinco veces más.
Tal vez México es de los pocos países en el mundo en donde se ha instalado un impuesto ilegal al trabajo y al éxito económico, de tal suerte que con una precisión meridiana, los bandoleros saben clavar el aguijón de la extorsión en aquellos negocios que con mucho esfuerzo van logrando recuperarse y ponerse en pie nuevamente después de los estragos de la cuarentena de la pandemia del Covid que vivimos por dos años y medio.