La regulación climática en el mundo está fragmentada, por lo que hay ocasiones que se logran mayores avances a nivel local que global, lo cual implica repensar las políticas de Estado en la materia, que incluyan la formación de ciudadanías más solidarias y sustentables, coincidieron en señalar expertos reunidos por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales. Reflexiones del Mundo Contemporáneo desde las Ciencias Sociales: Estudios y Aportaciones, Ruth Zavala Hernández, Alba Gabriela Cabriada Jarquin y Luis Roberto Guanes García reflexionaron sobre los retos que las naciones, la sociedad y los empresarios enfrentan respecto al cambio climático.
Al participar en la mesa “Sostenibilidad y Crisis Medioambiental”, Zavala Hernández, experta en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, enfatizó que la regulación climática se encuentra fragmentada a través de la gobernanza global, lo que explica por qué en varios casos hay más avances y dinamismo a nivel subregional, respecto a lo que se logra a nivel global.
La doctora en Ciencias Políticas y Sociales destacó que los últimos 30 años de negociaciones climáticas se han caracterizado por una paralización de los actores clave, que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Y si bien se habla de responsabilidades comunes, la realidad es que las consecuencias no son igualitarias, pues aquellas naciones con menos ingresos son las más vulnerables y expuestas a los efectos de la crisis climática.
“Como sabemos, somos sociedades basadas en energía, y la matriz energética mundial actual nos dice que, todavía, el 70 por ciento de esta es aún fósil, es decir, petróleo, gas natural y carbón. Pese a que se ha hablado mucho de cambiar la matriz energética no se está pensando en dejar de utilizar los combustibles fósiles sino, más bien en tener una matriz diversificada”, destacó la también Consultora para la Organización de Estados Americanos en proyectos de adaptación al cambio climático.
Zavala Hernández estimó que los principales retos que enfrenta la acción contra el cambio climático son: la politización de este fenómeno (tiempos políticos y crisis económicas), lo que ha llevado a una ruptura entre la ciencia y la política pública de mediano y largo plazos.
“Otro de los desafíos es la economía de mercado donde se privilegian las ganancias de las empresas sobre el bienestar social y la protección de la naturaleza. Hay quienes interpretan el cambio climático como una de las externalidades de esta economía, entonces de lo que se trataría sería de internalizar el costo ambiental que implica el crecimiento económico”, acotó la investigadora.
A su vez, Alba Gabriela Cabriada Jarquin, profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, destacó que uno de los problemas no considerado originalmente en las convenciones internacionales, pero que hoy en día genera polémica por su gravedad, es el de los migrantes ambientales.
En 2015 –recordó– Nueva Zelanda deportó al migrante Ioane Teitiota, quien solicitó asilo debido a que el cambio climático creó condiciones graves que hacen imposible la vida en su isla natal Kiribati. El afectado argumentó ante Derechos Humanos y la ONU que con esta acción se violó su derecho a la vida, por lo que en enero de 2020 el organismo internacional reconoció que los países no pueden deportar a las personas que enfrentan condiciones de vida adversas generadas por el fenómeno ambiental.
La también investigadora dijo: “este caso invita a la reflexión respecto a replantear las políticas públicas, porque sería muy sencillo pensar que Nueva Zelanda le diera la oportunidad de ser un ciudadano más; sin embargo, es necesario pensar en las políticas de adaptación tanto para los que llegan, como para los que reciben porque estamos frente a una condición de casos de xenofobia o racismo que nos remite, nuevamente, a los derechos humanos”.
En ese sentido, Cabriada Jarquin sugirió a los estados trabajar en el desarrollo de políticas públicas que consideren las problemáticas ambientales, lo que también llevaría a reflexionar sobre el papel del Estado y la construcción de los nacionalismos a nivel internacional en el siglo XXI, que tenga una cultura más solidaria y empática.
“Los problemas que enfrentan muchas islas del Pacífico no son privativos de ellas, hacen pensar en Reino Unido, que es una isla, e investigaciones recientes muestran que Gales ya enfrenta el incremento del nivel del mar, lo cual hace pensar en: ¿qué hubiera ocurrido si en el lugar de un ciudadano de Kiribati pidiera asilo a Nueva Zelanda un ciudadano británico?”, cuestionó la experta en Relaciones Internacionales.