La organización civil México, ¿cómo vamos?, presentó una lista mínima de seis pendientes urgentes y necesarios para mejorar el bienestar de las y los mexicanos, a cuatro años de inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los sectores analizados y atrasos detectados son en las áreas de Bienestar, bienvivir y progreso social; Acceso y cobertura de servicios de salud; Acceso y calidad de la educación; Estructura del mercado laboral; Pobreza laboral, e Inversión en energía suficiente y limpia.
La investigación detalla que desde el inicio de la administración en 2019, tanto el bienestar -medido a través del progreso social- como la economía mexicana ya presentaban señales de deterioro, incluso antes de la pandemia por COVID-19.
En 2020, la pandemia impuso retos adicionales en rubros como educación, salud y pobreza; la recuperación económica en 2021 fue lenta, desigualadora e insuficiente, y en 2022 la alta inflación ha encarecido el costo de los alimentos de manera desproporcionada.
El crecimiento económico y el ingreso suficiente de los hogares son elementos muy importantes para el incremento del bienestar de las familias, pero se requieren mejores intervenciones del gobierno y servicios públicos de calidad para garantizar una mejor calidad de vida para todas las personas.
En salud, pese a que la Organización Panamericana de la Salud recomienda que se destine el 6% del PIB para gasto en salud, el presupuesto público en México destinado a salud en 2022 es 2.9% del PIB.
En la discusión y aprobación del PEF 2023 no se realizaron reasignaciones presupuestales para fortalecer los servicios de salud pública, pilar para una recuperación incluyente pospandemia.
Así como en salud, la pandemia implicó un importante rezago en educación por factores económicos y de salud que provocaron una gran deserción escolar durante esta. México requiere una estrategia integral que por un lado atienda a las y los estudiantes que abandonaron sus estudios.
El mercado laboral en México tiene varios problemas estructurales que deben ser atendidos y solucionados desde lo público. Nos enfocaremos en dos aspectos que consideramos prioritarios: la baja participación laboral de las mujeres y el empleo informal.
En primer lugar, respecto a la participación laboral de las mujeres es importante mencionar que al 3º trimestre de 2022 este indicador se estima en 45.1 por ciento, esto es apenas 1 punto porcentual arriba del 44% registrado en el 4º trimestre de 2018.
La informalidad laboral está relacionada con menor productividad, carencia de prestaciones sociales, así como ingresos laborales a corto y largo plazo. De esta manera, por cada 100 pesos que paga un empleo formal, uno informal paga 54 pesos.
El gran reto de cierre de sexenio será proveer las condiciones en el mercado laboral y suministro de alimentos para contrarrestar el importante incremento que observamos en la pobreza laboral en el tercer trimestre de 2022. A pesar del dinamismo económico y de la importante generación de puestos de trabajo registrados en el IMSS, observamos que 51.5 millones de personas no pueden adquirir la canasta básica alimentaria con los ingresos de su hogar.
El Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2022- 2036 de la Secretaría de Energía (SENER) estima que el crecimiento en el consumo final de energía será superior al crecimiento de la economía. En línea con el diagnóstico de SENER, necesitamos más inversión en generación de energía y, para ello, la certeza jurídica es crucial.
La incertidumbre jurídica alrededor del mercado eléctrico en México proviene de una serie de sucesos, decretos, reformas e iniciativas, e incluso de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), lo cual ha causado afectaciones en inversión productiva en distintas industrias, así como a una solicitud de consultas por parte de Estados Unidos y Canadá, en el marco del TMEC.