El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, en el marco del Día Mundial de la Corrupción -9 de diciembre- generó información que permite caracterizar el fenómeno de la corrupción en México por entidad federativa,
En 2021, la prevalencia más alta de corrupción en trámites y servicios se observó que el estado de Querétaro es la segunda entidad del país donde se apreció menor afectación social por la corrupción con un 8.4 por ciento de la población, sólo detrás de Zacatecas con un 8.2 por ciento.
Mientras que en Quintana Roo, con 20.4 % de la población afectada; siguieron Puebla, Baja California, Durango y estado de México que presentaron prevalencias superiores a 17 por ciento. Por el contrario, la menor prevalencia se encontró en Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Querétaro y Tlaxcala, donde menos de 9 % de la población que solicitó algún trámite o servicio público fue víctima de corrupción.
Entre 2013 y 2021, en 25 entidades federativas aumentó el porcentaje de personas que fueron víctimas de soborno. El mayor incremento fue en Sonora, de 5.1 a 16.9 por ciento. San Luis Potosí registró la mayor disminución, de 18.0 a 12.6 por ciento.
En el caso de Querétaro, entre el 2015 y el 2021, con cifras del INEGI, la variación de porcentajes oscilaron entre el 7.4 por ciento en 2013; 13.1 por ciento en 2015, 11.8 por ciento en 2017; 11.3 por ciento en 2019 y 8.4 por ciento en 2021; colocándose entre el top 5 de entidades con menos afectaciones por la corrupción en este lapso de tiempo en todo el país.
A nivel nacional se señala que un 57.1 por ciento de la población considera a la corrupción como uno de los tres grandes problemas más importantes en su entidad federativa.
Se ubicó solo por debajo del problema de inseguridad pública. En cuanto a las prácticas de corrupción, en 2021, 14.7 por ciento de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos. Si bien en ese año se observó una disminución respecto a 2019, la prevalencia continuó por arriba de la estimada en 2015. Este problema se dio con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres.
En cuanto al tipo de trámite o servicio donde hay corrupción, 65.0 por ciento de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública la experimentó. Estas interacciones fueron las de mayor nivel de corrupción en 2021, seguidas de los trámites ante el Ministerio Público y la gestión de permisos relacionados con la propiedad.
Sobre los costos directos de la corrupción que se generan por el dinero, regalos o favores que se apropian los servidores públicos cuando la población o las empresas realizan algún trámite o servicio, se estimó que, a nivel nacional y durante 2021, el costo promedio fue de 3 044 pesos por persona en términos reales. Se observó una disminución de 28.1 por ciento respecto al costo promedio estimado en 2019. En el caso de las empresas, el costo promedio de la corrupción en 2020 fue de 7 419 pesos. Este fue 49.0 por ciento menor a lo que se estimó en 2016.
Un total de 28 entidades federativas impartieron alguna acción formativa en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción durante 2021. Colima, Michoacán, Tlaxcala y Yucatán reportaron que no impartieron este tipo de acciones en ese año.
En las administraciones públicas estatales que realizaron acciones de capacitación contra la corrupción en 2021, 7.6 por ciento de sus servidoras y servidores públicos recibió capacitación para evitar la corrupción -en Querétaro fueron 2.3 por ciento de sus funcionarios-. El mayor porcentaje de personal con capacitación se encontró en Puebla y Chiapas, con más de 50 por ciento. Por el contrario, los menores niveles de capacitación se observaron en Hidalgo, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Guerrero y Aguascalientes, con menos de 0.5 por ciento del personal.
En los 533 municipios que realizaron acciones de capacitación en materia de anticorrupción, se capacitó a 18.2 por ciento del personal. Destaca Yucatán, donde más de 50 por ciento de los servidores públicos municipales recibió capacitación en la materia, seguido de Querétaro, Morelos, Aguascalientes y Tamaulipas, con una cobertura de capacitación superior a 40 por ciento del personal. En contraste, las demarcaciones territoriales de Ciudad de México y los municipios de Baja California Sur tuvieron el menor porcentaje de personal capacitado en anticorrupción, con menos de 1 por ciento del personal municipal capacitado.