La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva pone altas expectativas en Brasil para la protección del bosque tropical del Amazonas, afirmó durante la edición 20 de Stories to Watch (STW) Ani Dasgupta, presidente y director ejecutivo del World Resources Institute (WRI).
Historias a seguir, por su traducción al español, es el evento anual más importante de WRI. Da un vistazo a las historias que marcarán el rumbo del mundo en materia climática bajo la mirada de los expertos de la red global de la organización. El evento es un referente para legisladores, líderes empresariales y de opinión y los medios de comunicación de todo el mundo.
La edición de este año presenta cuatro historias: el posible nuevo impulso a la protección del bosque tropical del Amazonas; la crisis energética mundial desatada del conflicto en Ucrania; la necesidad mundial de financiamiento para la transición a economías descarbonizadas, y las nuevas y ambiciosas leyes medioambientales estadounidenses. Estas historias se centran en responder a la pregunta: ¿veremos más progreso hacia un desarrollo más sostenible y equitativo en 2023?
Al presentar el panorama mundial, el presidente de WRI destacó que en 2022 hubo avances importantes, como un nuevo récord en el despliegue mundial de energías renovables al aumentar a un 8%, y un fuerte apoyo político en la Unión Europea, China y América Latina que ha llevado a pronósticos de energía renovable más optimistas para 2023.
También destacó el acuerdo en la COP27 para establecer un fondo dedicado a pérdidas y daños, el nuevo nivel de compromiso por la protección de la tierra, el agua y el combate a la pérdida de la biodiversidad logrado en la Cumbre de Montreal, y la obtención por parte de Indonesia de un paquete de 20 mil millones de dólares como parte de la asociación para lograr una transición energética justa.
Pese a los avances, expuso, 2022 fue un año marcado por varias crisis: se trató del tercer año de la pandemia por COVID-19; la inflación mundial llegó a casi el 9%; la invasión rusa a Ucrania desató una crisis alimentaria y energética y derivó en un cambio geopolítico, y el cambio climático actuó, una vez más, como un multiplicador de amenazas.
Tras el preámbulo, el presidente ejecutivo presentó las cuatro historias a seguir en 2023. Respecto a los bosques tropicales, Dasgupta habló sobre las altas expectativas puestas en Brasil tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, quien prometió proteger la Amazonía. El país posee la porción más grande de este bosque tropical, y fue responsable del 40 % de la pérdida de bosques primarios tropicales en 2021, según datos de Global Forest Watch. Tras su victoria, Lula, como se le conoce comúnmente, viajó a la COP27 en Egipto, donde prometió una política de deforestación cero. De hecho, durante su primer mandato, la deforestación alcanzó su punto más bajo en dos décadas.
Ahora, en su segundo mandato, en su primer día nombró a Marina Silva como Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático y a Sônia Guajajara, una reconocida líder indígena, como Ministra de Pueblos Indígenas. Investigaciones de WRI muestran que las partes indígenas de la Amazonía brasileña eliminaron, al año, 172 millones de toneladas de gases de efecto invernadero más de lo que emitieron, mientras que las partes no administradas por poblaciones indígenas emitieron 375 millones de toneladas más de lo que absorbieron.
El presidente ejecutivo de WRI resaltó que se necesita de un enfoque regional para proteger el Amazonas, pues es un vasto bioma que abarca 9 países. En este sentido, destacó que otro líder prometedor es Gustavo Petro, en Colombia, pues entre otras cosas prometió restringir la exploración petrolera y la expansión de la agricultura en áreas forestales.
Entre otras promesas destacan, por ejemplo, la destinación de 200 millones de dólares durante 20 años con el fin de combatir la deforestación y cuidar la Amazonía colombiana; la generación de una alianza pan amazónica; el canjeo de deuda externa por cuidado de los bosques amazónicos y el plan de contención de la deforestación, cual comprende el cuidado de las comunidades étnicas establecidas en el territorio, la prohibición de la extracción y explotación de minerales e hidrocarburos en la región, y la búsqueda de recursos de cooperación internacional con énfasis en la preservación de los bosques tropicales.
Más allá del Amazonas, agregó, hay otros dos grandes bosques tropicales: la selva tropical de la cuenca del río Congo en África central y las selvas tropicales del Sudeste Asiático, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.
Además de seguir de cerca lo que suceda en Brasil, dijo, en 2023 debemos seguir de cerca la aplicación de la Declaración de bosques y uso de la tierra de Glasgow, en 2021, firmada por 140 países, entre ellos México, y que busca reducir la deforestación al menos un 10% al año, todos los años.
México ocupa uno de los 10 primeros lugares en pérdida forestal, con una pérdida de casi 300 mil hectáreas de bosque primario en 2020. El Programa Especial de Cambio Climático recién publicado calcula una pérdida de 1.3 millones de hectáreas de bosques, selvas y manglares de 2018 a 2024.
En la historia sobre la crisis energética, Dasgupta expuso cómo Rusia utilizó el suministro de gas a Europa como un arma, lo cual ocasionó que la región buscara otras fuentes de gas, como las importaciones de gas natural licuado (GNL), así como un retorno al uso del carbón y la energía nuclear. De continuar esta tendencia, se corre el riesgo de no lograr la limitación del calentamiento global a 1.5 °C con respecto a los niveles preindustriales.
Para este año, añadió, queda la duda de si Europa continuará por esa vía y si logrará cumplir con sus metas de transición energética.
La tercera historia abordó la necesidad de fondos para financiar la transición a economías descarbonizadas. De acuerdo con muchos estudios, incluido uno de System’s Change Lab, se estima que se necesitarán entre 4 y 5 billones de dólares en financiamiento climático al año para 2030 y más allá. Esto significa que necesitamos aumentar 10 veces el nivel actual de financiamiento. Para lograrlo, explicó Dasgupta, es necesaria la inversión pública y privada, ambas tanto a nivel local como internacional.
Sin embargo, cada uno de estos tipos de financiamiento enfrenta dificultades. Por la parte del financiamiento público, debido a las diversas crisis que enfrentamos, el número de países con sobreendeudamiento o con alto riesgo de sobreendeudamiento se ha duplicado desde 2015. En un escenario en que los países en desarrollo gastan gran parte de sus presupuestos en el pago de la deuda, queda poco o ningún dinero público para abordar el cambio climático y los problemas de desarrollo.
Si bien la financiación concesional es una parte importante de la financiación climática para los países por debajo de la tasa de mercado, los países desarrollados han fallado tres años seguidos en cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de movilizar 100 mil millones de dólares por año a partir de 2020, y lo que se ha proporcionado hasta la fecha es principalmente en forma de préstamos.
Esta brecha de 5 billones de dólares que existe hoy no será satisfecha por fuentes públicas, por lo que los fondos del sector privado deben desempeñar un papel más importante. Si bien existe un flujo importante de capital privado, este no fluye a las naciones en desarrollo (la mayoría se destinan a Europa occidental, Estados Unidos y Canadá) por los mayores costos de endeudamiento que les significa. Además, los inversionistas quieren tasas mucho más altas de rendimiento para compensar por el mayor riesgo que les implica invertir en las naciones en desarrollo.
Ante esta situación, explicó Dasgupta, hay que seguir de cerca las propuestas para reformar la arquitectura financiera global, como la Agenda Bridgetown, encabezada por la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, y también hay que estar atentos a las acciones de los miembros del G20 entorno a temas como el tratamiento de la deuda.
La última historia giró entorno a la aprobación en Estados Unidos de tres piezas de legislación históricas en el último año y medio, las cuales podrían funcionar como una referencia sobre cómo se ve la aceleración de la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono en una economía como la estadounidense.
Las leyes se tratan de CHIPS and Science Act, la cual apoya la tecnología fabricada en Estados Unidos, incluida la investigación sobre energía limpia y cambio climático y la reducción de problemáticas en las cadenas de valor; la ley de infraestructura bipartidista, la cual invierte en una infraestructura estadounidense más limpia, accesible y sostenible, en la que se incluye al transporte eléctrico, la descarbonización y una mayor financiación para soluciones climáticas naturales; y la Ley de reducción de la inflación (IRA), la cual ofrece a los estadounidenses incentivos para comprar energía limpia y vehículos eléctricos, agricultura y manufactura climáticamente inteligente, así como una inversión de 60 mil millones de dólares en justicia ambiental y equidad en salud.
La pregunta es, explicó Dasgupta, si Estados Unidos puede traducir estas acciones en una transformación de su economía, la cual cree empleos y garantice el bienestar de la población y, de lograrlo, si servirá como modelo para otras naciones para hacerlo.