El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer las 83 órdenes de aprehensión libradas por el caso Ayotzinapa, precisando contra de quiénes se giraron, qué delito se les imputa y el número de identificación.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez señaló que la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, es uno de los eventos de la última década que ha conmovido y consternado a la sociedad mexicana, y sobre el cual se debe garantizar el acceso a la información.
“A casi 10 años de lo ocurrido, de este lamentable evento, las investigaciones siguen en curso, y sobre éstas, existe la responsabilidad y el deber de garantizar el derecho humano a la información, ya que este derecho, estoy convencido, es una herramienta que abonará de manera efectiva a la garantía de los derechos de acceso a la justicia, a la memoria y a la verdad”, subrayó.
Alcalá Méndez destacó la necesidad de que todas las instituciones involucradas en la investigación y el esclarecimiento de los hechos actúen bajo la lupa de la ciudadanía y brinden información sin ningún tipo de sesgo.
“Resulta indispensable que se garantice el derecho humano de acceso a la información, para demostrar que el trabajo que se les ha encomendado, y con esto, las decisiones que se toman tienen como fin la garantía y respeto a los derechos de todas las personas”, recalcó.
Adicional a la información de las 83 órdenes de aprehensión referidas en el comunicado, una persona solicitó a la FGR datos sobre las otras 21 órdenes de las que presuntamente se desistieron los Ministerios Públicos, en el contexto de la renuncia del Titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de Ayotzinapa.
La FGR respondió no haber solicitado órdenes de aprehensión y tampoco haberse desistido de ninguna, motivo por el cual el solicitante se presentó un recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, la Fiscalía precisó que el nombre de los presuntos responsables e imputados es información reservada y confidencial. Asimismo, reiteró que no localizó dato sobre cancelaciones de órdenes de aprehensión.
Tras el análisis realizado por la ponencia de Alcalá Méndez, se determinó que la FGR no acreditó haber hecho una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, ni brindó certeza a la persona sobre el criterio utilizado para localizar los datos de las 83 órdenes de aprehensión.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la FGR y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva de la información, a fin de que entregue versión pública de la expresión documental que dé cuenta de las 83 órdenes de aprensión solicitadas, su número de identificación, contra de quienes se giraron y qué delito se les imputa.