La presidenta de la Cooperativa de Tzibanzá, Antonia Biais Trejo, acusó al ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez por arrebatarles tierras de la etnia otomí, al asegurarles que se les tramitarían 64 millones de pesos de recursos federales para mejorar el parque ecoturístico Tzibanzá.
Se añadió que el exmandatario estatal junto con el actual gobernador Mauricio Kuri González, se adjudican esas tierras y luego les exigió un pago mensual después de 200 mil pesos mensuales.
La presidenta de la Cooperativa informó que el actual gobierno estatal mantiene una actitud de no dialogar sobre el tema y “ya nos piden 50 mil pesos mensuales, porque el gobierno ya se ostenta como el dueño”.
Por ello, desde el pasado 3 mayo del 2022 decidieron asesorarse legalmente para poder recuperar sus tierras, ya que no tenían ningún documento. El 30 por ciento de la presa está dentro de los límites de Querétaro y el 70 por ciento restante en Hidalgo.
En este parque ecoturístico, integrado por una isla y el cual visitan turistas europeos, asiáticos, latinos, estadounidenses para la práctica de la pesca deportiva, es el sustento económico de más de 700 personas directas e indirectas ascienden a más de tres mil.
Arriaga indicó que la denuncia fue hecha en Tula, Hidalgo por fraude y peculado y solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso a la ciudad de México, ya que es federal y en Querétaro hay demasiada corrupción en el gobierno.
En conferencia de prensa, los líderes de la Cooperativa de Tzibanzá en Cadereyta de Montes en Querétaro, denunciaron a Kuri González y Francisco Domínguez, gobernador actual y ex gobernador de Querétaro, de fraude y peculado por adueñarse ilícitamente de cuatro hectáreas de sus tierras.
Al respecto, el abogado Rafael Arriaga que lleva el curso de las demandas civil y penal en contra del Estado de Querétaro, detalló que el parque ecoturístico que maneja la cooperativa tiene un valor superior a los 700 millones de pesos.
Explicó que las autoridades queretanas abusaron de la comunidad Hñáhñu a quienes con se les aseguró que les bajarían 64 millones de pesos de recursos federales para hacer una remodelación, y que ellos deberían donar una hectárea, pero se apropiaron de cuatro hectáreas que escrituraron, y además les exigieron a partir del 2017 que comenzaran a pagar 200 mil pesos mensuales de renta.