Las instituciones de educación superior mexicanas deben ser parte fundamental de la Ley
General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México (Ley
HCTI), pero se les está excluyendo, alertaron investigadoras e investigadores de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la Ciudad de México.
Al intervenir en un Foro académico de diálogo sobre las iniciativas de este nuevo marco
legal para organizar el trabajo científico y tecnológico en México presentadas al poder
legislativo, el doctor Luis Mier y Terán Casanueva mencionó que en el artículo 64 se dice
que sólo serán miembros de la junta de gobierno del Consejo Nacional de Humanidades,
Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT) las 13 secretarías de Estado.
“También las universidades deberían de estar, pues lejos de hacer participar a las distintas
comunidades que hacen ciencia, incluidos creadores o beneficiarios de ella, se les descarta
simplemente de un plumazo al no ofrecerles ninguna colaboración en el desarrollo de la
misma”, expresó quien fuera rector general de la UAM de 2001 a 2005.
Por ello, sostuvo que se vuelve “una ley gobiernista” que tiene una diferencia fundamental
entre la primera parte, la cual es declarativa y, la segunda, en la que la situación resulta más
difícil cuando se trata de explicar cómo se llevarán a cabo las acciones.
Para la doctora Giovanna Valenti Nigrini, “estamos presenciando una invisibilización de la
producción del conocimiento en esta propuesta de Ley; me preocupa mucho que sólo se
proyecta la invitación a docentes, humanistas e innovadores, de acuerdo con la decisión de
la Junta para tener voz, pero no voto”.
La profesora del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco también
abordó la ambigüedad sobre el tema de becas y apoyos, pues se plantea su universalidad,
pero, al mismo tiempo, se dice que se otorgarán con base en la disponibilidad presupuestal.
“En pocas palabras pasamos de la certidumbre –con la necesidad de ajustes en función de
las prioridades estratégicas de formación de recursos humanos de alto nivel– a la
incertidumbre, con declaratoria de universalidad y pocas posibilidades de que se logre,
dado el caudal de exigencias y problemas que enfrentan la sociedad y la economía de
México”, añadió.
El doctor Carlos Contreras Ibáñez consideró preocupante algunas lecturas sobre la
educación y la ciencia que implican “una mirada única que pretende abarcarlo y saberlo
todo”, lo cual no es la naturaleza de la segunda, que promueve el debate, la crítica y los
mejores elementos basados en evidencia.
“Sentimos que algunas de las formulaciones no están suficientemente fundamentadas,
precisan mayor documentación y, sobre todo, que ésta también pase por la crítica, el
diálogo y la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo”, aseveró.
El profesor del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa indicó que el derecho
humano a los beneficios de la ciencia no se restringe sólo a ser consumidor, sino también a
ser productor de la misma y, en ese sentido, es esencial garantizar la libertad de
investigación.
“A veces se cree que ésta consiste en tener el permiso para hacer ciertas preguntas, pero la
historia de la ciencia nos ha enseñado que no se trata de eso; nos interesa que toda la
indagación científica y humanística esté bien sustentada en la posibilidad de romper
paradigmas y encontrar cómo llamar a las nuevas maneras de enfrentarse al conocimiento”.
La doctora Yolanda Massieu Trigo refirió que, si bien la investigación y la educación no
bastan para resolver los conflictos nacionales, en la Ley no se precisa cuáles son los
mecanismos para que las pesquisas y tecnologías se expandan y se socialicen.
“Lo más que indica al respecto y me parece riesgoso, es decir que la indagación debe tener
un impacto en las políticas públicas, pero qué pasa con esas áreas que no tienen una
incidencia directa en el sector productivo como la filosofía, ¿se quedan sin apoyo?”.
La investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco
mencionó que hay otros aspectos polémicos como los derechos de la propiedad intelectual,
en los que se menciona un acceso libre a la ciencia y la creación de un centro nacional de
información, lo cual es posible si se habla de instituciones públicas, pero deja huecos
cuando se trata de las empresas que muchas veces son las beneficiarias de los subsidios.
En el Foro moderado por la doctora Gabriela Dutrénit Bielous, Profesora Distinguida de la
UAM y quien ofreció una introducción a las iniciativas de legislación existentes, también
expusieron los doctores Jesús Álvarez Calderón y Sergio Revah, Profesores Distinguidos
de la Casa abierta al tiempo, así como David Romero Camarena y Víctor Toledo,
académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Dalila Aldana
Aranda, docente del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) en
el bloque La visión desde las ciencias básicas.
En el apartado La visión desde la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades
también intervinieron los doctores José Luis Sampedro y Juan Manuel Corona Alcántar,
académicos de las unidades Cuajimalpa y Xochimilco, respectivamente, y Roberto
Rodríguez de la UNAM.
Además, se contó con las opiniones del doctor Carlos Contreras Ibáñez, del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, A.C (CIDE), y la doctora Teresa García Gasca,
rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).