Del 2015 al 2020, la deforestación en México ha ido en aumento, con un promedio neto anual de 127 mil 800 hectáreas. La deforestación ha contribuido directamente a acentuar las sequías y, junto con otros factores del cambio climático, esto se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.
Así lo revela la nota factual Resiliencia ante el cambio climático: Avances en adaptación y acciones para prevenir la deforestación en estados mexicanos, presentada por CDP Latin America y la Comunidad Climática Mexicana (CCM), resultado de una encuesta realizada a 26 entidades federativas —que concentran al 77.4 por ciento de la población del país—.
El informe detalla que frente a la situación de deforestación actual, diversas medidas han sido desarrolladas por los estados, tales como mejorar el desarrollo rural sustentable; aumentar la resiliencia de negocios y de personas al estimular cadenas de suministro sostenibles; conservar la biodiversidad, y mantener la calidad de los suelos y del agua. Asimismo, entre las principales fuentes financieras para la implementación de los programas de REDD+ jurisdiccional en estados mexicanos, se identifican acuerdos bilaterales con el Green Climate Fund (GCF), el programa UN-REDD+, y mecanismos voluntarios del mercado de carbono.
En el documento, se recomienda acelerar las acciones para reforestar bosques, restaurar ecosistemas dañados y desarrollar soluciones de conservación, lo cual es un reto para los estados, pero también es una oportunidad para unir esfuerzos entre los gobiernos subnacionales y los actores de la sociedad civil, la academia y las empresas.
La nota factual muestra que, si ciertos territorios de México llegasen a enfrentar sequía severa, extrema o excepcional durante un mes, las pérdidas anuales del PIB podrían ser de entre tres y cuatro mil millones de dólares en el sector de manufactura y de hasta 1.6 mil millones de dólares para el sector agrícola.
Entre los avances, es de destacar que 13 estados tienen un plan de acción climática integrado que aborda tanto las estrategias de adaptación y de mitigación como la reducción de riesgos derivados de la crisis climática. Por otro lado, las cinco entidades federativas con mayor número de acciones de adaptación reportadas en 2022 fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Yucatán y Colima.
Rebeca Lima, directora ejecutiva del CDP Latin America, aseguró que esta etapa de divulgación de datos es muy relevante y que se potencia cuando estos datos se traducen en productos y materiales, pues con ello se visibilizan no solo los impactos del cambio climático en los estados mexicanos, sino también las acciones que están implementando para hacerle frente
“Es necesario tomar acción para lograr una economía próspera que funcione para las personas y el planeta a largo plazo, y a través de esfuerzos colaborativos entre múltiples actores, se pueden lograr estos objetivos”, afirmó.
Por su parte, Angélica Vesga, directora ejecutiva interina para WRI México y Colombia, aseguró que contar con información clara sobre las acciones realizadas y las acciones pendientes es fundamental para cerrar las brechas entre las necesidades locales y las ofertas de apoyo por parte de organizaciones nacionales e internacionales.
“Tener información sobre las acciones de mitigación, de adaptación y de los medios de implementación de 26 de las 32 entidades federativas es un logro importante pues permite identificar las oportunidades de colaboración con otras organizaciones, focalizar esfuerzos”, dijo.