Las consecuencias que provoca la extorsión a la sociedad en el campo de la economía y la convivencia son muy graves. En el ámbito económico, abate la fuerza emprendedora de la ciudadanía, ya que ataca directamente en todos los giros de negocios a aquellos que día a día se esfuerzan por encontrar márgenes de utilidad aceptables y que llega a significar el 20 por ciento de las utilidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes), denunció la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
La extorsión se dirige a esos negocios que son productivos y tienen vigencia en el mercado, es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fomenta la criminalidad para fondear las finanzas de las pandillas delincuenciales que azotan tres cuartas partes del territorio nacional.
Hay varios tipos de extorsiones: la señalada, extorsión a los negocios exitosos, cobro por derecho a piso; la extorsión carretera, cobro por derecho a tránsito; la extorsión telefónica, que va directa al ciudadano y le cobra por derecho a tener seguridad familiar.
“Este elenco de inauditos chantajes minan la paz social. Al final del día desalientan la inversión y la actividad económica, pues muchos pequeños emprendedores se ven enfrentados a la disyuntiva de pagar la extorsión o cerrar sus negocios, al no estar dispuestos a trabajar para que otros les quiten el dinero bajo amago de violencia y lo obtengan nada más alzando la mano sin ningún esfuerzo de por medio. A nadie le acomoda trabajar 14 o 16 horas para mantener a una puntilla de vándalos organizados”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
Esto está pasando cada vez en más lares del territorio nacional. Al correr del primer trimestre del presente año, la extorsión está flagelando con mucha fuerza a 22 estados de la República: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El cobro mínimo por derecho a piso es de 500 pesos a la semana, por lo que un pequeño comercio de abarrotes atacado por este flagelo llega a pagar hasta 2,000 pesos mensuales para que lo dejen trabajar, cifra que representa el 20 por ciento de su utilidad mensual; sin embargo, este cobro puede alcanzar un techo de hasta 50,000 pesos dependiendo el giro del negocio.
“Colima, entidad perdida en la agenda pública, seguido de Zacatecas y Quintana Roo, son los Estados más violentos del país en este desfile de extorsión que impregna a la República como el moho que provoca la corrosión, un verdadero cáncer donde lo más preocupante es que estamos transitando a un estadio de su normalización”, declaró Rivera.
Lo más grave no es el hecho mismo de la extorsión, sino que nos estamos acostumbrando a ella y cada vez la vemos con mayor naturalidad, como un fenómeno per se que ahí está, algo que se debe calcular a la hora de cualquier emprendimiento o apertura de negocio.