La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) expresa su más enérgica condena a la arbitraria e ilegal destitución de todos los Presidentes de las Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México.
Esta medida viola directamente la Ley Federal del Trabajo, respecto a la autonomía de la propia Junta Local y a la inamovilidad de los citados presidentes durante el periodo para el que fueron designados, precisamente para garantizar su independencia como juzgadores. Además, representa un grave ataque a nuestro Estado de derecho y denota el desconocimiento y la arbitrariedad de los funcionarios responsables, bajo el pretexto de una supuesta falta de presupuesto.
“Desde luego que esta acción significa un ataque al nuevo sistema de justicia laboral, y perjudica directamente a los trabajadores y a su familia, así como a los propios patrones que verán más retrasado aún el trámite de sus respectivos juicios laborales, mismos que actualmente suman más de 125 mil”, señala el ahora ex presidente de la Junta Especial número 13, Lauro Sol Orea.
Agrega que la duración promedio de un juicio es de cuatro años, pero con las medidas para desmantelar la JLCA, el periodo se duplicará para que el trabajador pueda obtener una resolución. Por lo tanto, “estimamos que para abatir el rezago total de los expedientes, se requerirán 12 años por lo menos, lo que convierte a este tribunal en el más ineficiente de todo el país”.
El también ex presidente de la ANAD menciona que en los pasados dos años salieron ocho presidentes de las Juntas Especiales por distintas razones, y ayer 2 de mayo se les notificó de su destitución a 12 funcionarios más a través del Boletín Laboral y mediante oficios personales, firmado por el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez de León.
En las 20 Juntas Especiales, agrega, han sido designados encargados de despacho, que son auxiliares de trámites, quienes ahora resentirán una carga laboral pues este personal deberá realizar múltiples funciones.
María Luisa Campos Aragón sostuvo que la destitución de los presidentes de las Juntas Especiales “no está apegada a derecho, porque al ser trabajadores de confianza tienen derecho a ser escuchados y a notificarles las causales de separación, lo cual no ocurrió”.
Agregó que este proceso de destitución lo llevó a cabo Rodríguez de León, a quien le fue delegada la responsabilidad mediante un acuerdo publicado en abril pasado y firmado por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobierno.
“Se está cometiendo una arbitrariedad y se pretende dar una justicia laboral de segunda clase a los expedientes en rezago, porque no se puede proceder de esta manera totalmente fuera de la ley, a costa de abaratar los costos y reducir el presupuesto de la Junta Local”, reiteró Óscar Alzaga, ex presidente de la Asociación.
La ANAD es totalmente autónoma del gobierno y de los partidos políticos, se ha manifestado siempre a favor de las causas del pueblo mexicano y a favor de una auténtica transformación de nuestra patria considera necesario que se rectifique está grave violación a nuestra estado de derecho y se respete lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y en propio Artículo 123 constitucional, de manera que se cumpla con el Capítulo XIII, Titulo Doce de la Ley Federal del Trabajo en lo relativo a las causas de destitución de los Presidentes expresamente establecidas y, en su caso se actúe con pleno respeto al debido proceso que como un derecho humano fundamental debe respetarse por el poder público.
Por lo anterior, exigimos la inmediata reinstalación de los presidentes de las Juntas Especiales en sus cargos y se suspenda el ilegal despido de funcionarios, como ha ocurrido desde septiembre del año pasado. Por el contrario, la JLCA de la Ciudad de México debe fortalecerse, en lugar de continuar desmantelándola cuando tiene la importante encomienda de concluir el enorme número de juicios laborales rezagados.
También, la ANAD solicita de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheimbaum Pardo, y al secretario de Gobierno, Martí Batres, y al secretario de Trabajo, José Luis Rodríguez de León, una audiencia para dialogar y expresarle personalmente, como abogados laboralistas que somos, nuestras preocupaciones y propuestas para coadyuvar a que se mejoren las condiciones que permitan resolver los asuntos laborales pendientes y se logre una transición a un nuevo sistema de justicia laboral de manera exitosa y con respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.