La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) hizo un llamado al Senado de la República, para que a la brevedad designe a los Comisionados que están pendientes para integrar el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En una carta dirigida al Senado, la RIPD, conformada por 16 autoridades de protección de datos de 12 países de la región, señala que el organismo constitucional autónomo debe protegerse de intereses políticos que atenten contra la máxima norma y los tratados internacionales de protección y respeto a los derechos humanos suscritos por México.
Además, destaca que el INAI forma parte de las redes internacionales más importantes de protección de datos, al haber acreditado que tiene la calidad de autoridad nacional independiente, capaz de proteger los datos personales de sus ciudadanos; y que, si no se nombra de inmediato a las personas que conformen el Pleno del Instituto, se deja en indefensión a los mexicanos, al menoscabarse las posibilidades de ejercer una defensaa de sus derechos constitucionales.
Por otra parte, recordó que la Cámara de Senadores aprobó la adhesión de México al Convenio 108 del Consejo de Europa, en el que se señala que las autoridades de control como el INAI deben ejercer sus funciones con total independencia y, por ello, son un elemento de la protección efectiva de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal.
En este contexto, la RIPD solicita de la manera más atenta y respetuosa que el Senado de la República concluya con el proceso de designación que permita al INAI cumplir con su función como organismo garante del derecho fundamental de protección de datos al que obliga su Carta Magna y, en consecuencia, se designe a las personas necesarias para que ese derecho siga vigente sin restricción.
Cabe señalar que el objetivo de la RIPD es promover la cooperación, el diálogo y el uso compartido de la información para el desarrollo de iniciativas y políticas de protección de datos, que permitan garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales.