El Congreso Legislativos de Querétaro se ubica en el sitio 19 a nivel nacional en su costo para los ciudadanos, con un presupuesto para el 2023 de 476.72 millones de pesos.
La asignación presupuestaria destinada a los Poderes Legislativos estatales representa una proporción reducida del total aprobado para este año. A excepción de Quintana Roo y Tlaxcala, donde el presupuesto del Poder Legislativo representa 1.66 y 1.64 por ciento respectivamente, en las demás entidades federativas la proporción del presupuesto asignado a este Poder oscila entre 1.5 por ciento en Morelos y 0.43 por ciento en Puebla.
El Poder Legislativo a nivel estatal está compuesto por un Congreso -unicameral- y por un órgano de fiscalización, en este caso el porcentaje de gasto público de ambos organismos coloca a Querétaro con un 0.92 por ciento; el sitio 13 a nivel país.
A nivel estatal, el promedio del costo por habitante del Poder Legislativo es de 192.79 pesos, distribuidos en 145.18 para los Congresos locales y 47.61 para los órganos de fiscalización. Quintana Roo tiene el Poder Legislativo con el mayor costo por habitante (381.06 pesos) y Puebla el menor (76.01 pesos).
En este caso, un congresista e integrante del órgano fiscalizador de Querétaro tiene un costo de 200.5 pesos por ciudadano y se ubica en el sitio 16 nacional. Dichos datos derivan del estudio El A, B, C, de los Congresos y auditorias del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las entidades que cuentan con las plantillas de personal más amplias son el Congreso de la Ciudad de México con 2,312 personas, el Congreso de Michoacán con 929 personas y el Estado de México con 883 personas. En el otro extremo, Aguascalientes, Colima y Coahuila tuvieron menos de 100 personas empleadas en sus Congresos en el año 2020. En el caso de Querétaro se cuenta con 258 integrantes, el 19 congreso estatal con más empleados.
El IMCO informó que es fundamental para monitorear su asignación presupuestal de los congresos y órganos de fiscalización de las entidades federativas e identificó tres principales riesgos:
La asimetría en los presupuestos de los poderes legislativos plantea un desequilibrio. La Ciudad de México, el Estado de México y Michoacán cuentan con los mayores presupuestos, mientras que Colima, Yucatán y Campeche tienen los más bajos.
La asimetría también se refleja en el presupuesto aprobado de las entidades federativas. De los 2.7 billones de pesos aprobados para 2023, los poderes legislativos recibirán menos de 1 por ciento, equivalente a 21 mil 196.5 millones de pesos (mdp).
La mayor parte del presupuesto de los poderes legislativos estatales se destina a los Congresos, 74 por ciento del total equivalente a 15 mil 715 mdp. El 26 por ciento restante, que representa un monto de 5 mil 482 mdp, es el presupuesto total para los órganos de fiscalización.
La falta de criterios para determinar el costo «ideal» de un Congreso. La poca claridad en la determinación del número de legisladores por estado y la complejidad para evaluar el trabajo legislativo dificultan calcular el presupuesto idóneo para los Congresos, detalla el IMCO.
Por ello, el IMCO propone: incluir reglas para sancionar a los diputados y funcionarios que no cumplan con la obligación de convocar o presentarse ante el Congreso local.
Crear apartados en las páginas de los Congresos locales en donde se pueda consultar toda la información relativa a la función de control presupuestario.
Asegurar que los informes de las finanzas públicas sean revisados de manera transparente y obligatoria por los diputados.