La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza dio a conocer su análisis “Economía incluyente, trabajo digno y protección social universal: esenciales frente a la pobreza”, donde se demuestra que la disminución en la pobreza en el país no fue exclusivamente por los programas asistenciales de la Federación, como indica el Presidente López Obrador.
En dicho documento se detalla que las transferencias de los programas gubernamentales contribuyen muy poco a reducir la pobreza, pese al incremento de su monto total.
Los datos muestran que la mejora del ingreso de los hogares de los primeros deciles (los de menor ingreso) tiene mucho más que ver con el ingreso del trabajo. Los ingresos del trabajo representan el 75% del ingreso líquido de los hogares, y si se considera los ingresos derivados del trabajo en el pasado, es decir las jubilaciones y pensiones, llega al 84%.
Mientras que las transferencias gubernamentales representan menos del 3%. Es decir 2 pesos 80 centavos de cada 100 pesos de ingreso.
Con los datos del INEGI, se sabe también a) que el 61% de los hogares de los 4 primeros deciles de ingreso están excluidos de los programas gubernamentales de transferencias, reciben “cero pesos” por ese rubro; b) que el incremento del monto que reciben los hogares por concepto de transferencias de programas, en su mayor parte se canalizó hacia los hogares de mayor ingreso (los deciles VII a X). Y c) que el monto que reciben los hogares que sí reciben transferencias gubernamentales es mayor en los deciles de ingreso más alto.
En el resumen ejecutivo presentado por Coneval hay un ejercicio que puede también dimensionar el efecto de las transferencias de programas gubernamentales y permite comparar la diferencia lograda con el gran incremento del monto captado por los hogares en 2022, casi el triple del monto en este rubro en 2018.
Muestra Coneval, que, quitando las transferencias de programas gubernamentales, la pobreza subiría de 36.3% a 39% en 2022, esto es 2.7 puntos porcentuales más.
En su presentación de hace dos años, este mismo análisis, muestra que, quitando las transferencias de programas gubernamentales, la pobreza en 2018 pasaría de 41.9% a 43.8%. Esto es 1.9 puntos porcentuales más. El efecto es mayor en 2022, por 8 décimas de punto (0.8 puntos).
Para dicha organización civil, el monto total de gasto en las transferencias gubernamentales es 268% mayor en 2022 respecto a 2018 (en valor real). Mientras que en 2018, el monto total de ingresos de los hogares por transferencias gubernamentales era 24.9 mil millones de pesos trimestrales (pesos valor constante 2022) y en 2022, son 66.7 mil millones de pesos trimestrales.
También se detalla que los niños y los jóvenes, son dos sectores poblacionales que padecen altos niveles de pobreza. En el desglose de datos del estudio de la Coneval, se estima que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes (0-17 años de edad) viven en pobreza: 46%. Y más de la mitad: 54% carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico (pobreza por ingresos).
En el caso de las personas jóvenes en condición de pobreza tienen mayor tasa de deserción escolar y rezago educativo. Por la combinación de ambas situaciones (pobreza y rezago educativo), acceden a trabajos informales y precarios, con bajos salarios, sin protección social y sin derechos laborales. El rezago educativo sube de 18 a 22% en personas jóvenes, casi 1 millón 500 jóvenes pasaron a rezago educativo entre 2018 y 2022.
Entre las propuestas para atender esta realidad se indica que se debe acrecentar la oferta de empleo. Para superar la pobreza se requieren condiciones de trabajo digno, con remuneración suficiente y derechos laborales, conforme a los derechos humanos, para ello hay varias medidas, tanto de políticas públicas como desde la iniciativa privada.
Para mejorar ingresos, también urgen acciones para la inclusión laboral de mujeres y jóvenes, tanto en empleos con condiciones de trabajo digno, como en emprendimientos y empresas de economía social.
En la política social, se requieren cambios en las políticas públicas de cobertura universal para desvincular el acceso a servicios de salud y otras medidas de protección social (estancias infantiles, ingreso garantizado para personas con discapacidad o sin trabajo) del régimen laboral y del financiamiento con cargo al trabajo formal.