Integrantes de organizaciones, comunidades y academia que participan en la Colectiva Cambiémosla Ya entregaron esta mañana sus propuestas para el reglamento con el que deberá operar la nueva Ley de Minería, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo.
La Colectiva busca que el reglamento cumpla con los estándares de derechos humanos y derechos colectivos, así como con los criterios técnicos necesarios para que la nueva Ley de Minería sea efectiva para proteger a comunidades y pueblos y al ambiente.
La reforma al marco legal minero es un avance importante para reducir los espacios que permitieron la violación sistemática de los derechos de las comunidades cometida por las empresas mineras, durante tres décadas, debido a una legislación subordinada a los intereses privados que permitía el acceso irrestricto a los territorios y al agua por hasta cien años.
Este avance está en riesgo y podría, además, debilitarse si el reglamento de la ley no garantiza la protección de los derechos de las comunidades, la salud y el medio ambiente.
Aunque en diversas ocasiones la Colectiva ha solicitado a la Secretaría de Economía, que encabeza los trabajos para integrar el reglamento, el establecimiento de espacios de trabajo para hacer aportaciones en la elaboración del reglamento, la dependencia se ha negado a trabajar de esa manera y ha solicitado que los insumos le sean entregados por escrito. Por esto, Cambiémosla ya ha formulado una propuesta de reglamento de la Ley de Minería, misma que ha sido entregado a la Secretaría de Economía, con la petición de que sea retomada para que se fortalezcan los mecanismos para salvaguardar los derechos reconocidos en la nueva Ley de Minería y evitar que se convierta en un instrumento para diluir los avances logrados con la reforma.
“Lamentamos que la dependencia federal no haya abierto la puerta para trabajar de manera conjunta en este importante procedimiento. Nos preocupa mucho que a la industria minera y a los políticos de otros países que están al servicio de las mineras se les dé mayor espacio de interlocución y de incidencia en la elaboración de este reglamento”.
El reglamento es fundamental para fortalecer y aplicar de forma efectiva la ley, de ahí que desde que la nueva Ley de Minería fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, las empresas comenzaron a trabajar en la reglamentación para socavarla, para quitarle toda posibilidad de freno a los tremendos impactos que esta industria está causando en los territorios y sus habitantes por la falta de controles ambientales.
Junto con el reglamento, las y los integrantes de la Colectiva dejaron en Oficialía de Partes de la SE un oficio para la secretaria Raquel Buenrostro, en el que nuevamente se solicita trabajar codo a codo con las comunidades y organizaciones que han participado en el proceso de renovación de la ley.
Entre los temas más importantes que plantea la propuesta de reglamento de Cambiémosla ya están:
- Reglas de operación y procedimientos para las evaluaciones de impacto social y ambiental regidos por los principios de prevención y precaución; en donde los interesados en obtener una concesión minera determinen a detalle las medidas para evitar impactos negativos tanto a los pueblos y comunidades, como al entorno que estas habitan.
- Se definen conceptos clave como: pueblos, comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables; la asamblea comunitaria como autoridad representativa y deliberativa; consulta y consentimiento; disponibilidad y estrés hídrico; remediación y reparación, a fin de evitar ambigüedades en los requerimientos y evitar la discrecionalidad al evaluar los requisitos que involucren derechos de pueblos y comunidades afectadas por la minería.
- Establecer y definir los requerimientos para planes y programas de remediación, cierre y post-cierre de minas, con el propósito de evitar mayores afectaciones ambientales y pueblos fantasma en las regiones donde se desarrolla la minería.
- Proponer los principios, etapas y requerimientos mínimos para las consultas previas, libres e informadas, previo al otorgamiento de concesiones mineras, para que pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos o equiparables ejerzan plenamente su derecho a decidir sobre sus territorios.
- Incluir criterios técnicos y jurídicos para que en todo momento prevalezca la transparencia y máxima publicidad en la información acerca de la solicitud de una concesión minera, a fin de que pueblos y comunidades cuenten en todo momento con la información completa, oportuna, veraz y accesible, que les permita tomar una decisión libre e informada.
- Proponer un mecanismo al que se sujeten los solicitantes de una concesión y las autoridades que la otorgan, en el que previamente deberá evaluarse el grado de disponibilidad hídrica en la región donde se pretende otorgar una concesión.