En México, millones de personas viven en pobreza desde hace décadas y, a pesar de que trabajan, los ingresos que reciben son insuficientes. En los últimos cuatro años la pobreza se redujo, y 5 millones de personas salieron de esa condición, pero 36 por ciento de la población es pobre y, lo más grave, la cifra de quienes viven en pobreza extrema aumentó en 400 mil personas de 2018 a 2022.
Quienes dejaron la pobreza no salieron por los programas gubernamentales de transferencias monetarias, sino en gran medida porque mejoró su ingreso laboral, según los datos recientes del INEGI y el Coneval. Esto demuestra que, la vía efectiva para superar la pobreza es el salario, con ingresos que alcancen para que una persona que trabaja pueda adquirir, al menos, dos canastas básicas al mes.
En México, sólo 12 de cada 100 personas tienen condiciones de bienestar; es decir, ingreso digno y sin carencias; 35 millones de personas que trabajan son pobres, hay 50 millones que no tienen acceso a los servicios de salud y en los últimos cuatro años creció en 1.5 millones de personas en rezago educativo, la mayoría de ellos son jóvenes.
En el documento México sin pobreza y con derechos, la organización civil “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza” plantea diversas propuestas para que, mediante diálogo social y compromiso de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, se asuman acciones, estrategias y decisiones que contribuyan a erradicar la pobreza en el país.
Por ello, de inicio se proponen cambios estructurales como es el transitar del paradigma de empleos con salarios bajos y sin derechos laborales, a un nuevo modelo que vincule la productividad con la mejora de las remuneraciones.
Así como transitar del actual modelo de seguro social, excluyente, inequitativo y segmentado para crear un sistema universal de salud y protección social, no condicionado al trabajo. Este sistema debe incluir al menos: (a) acceso efectivo a servicios de salud, (b) servicios de cuidado para niñas, niños y otras personas que lo requieren, (c) garantizar ingreso vital a personas que se quedaron sin trabajo o que no pueden trabajar.
También se necesitan establecer estrategias prioritarias como es tener un salario mínimo suficiente para cubrir dos canastas básicas; establecer un sistema nacional de cuidados con infraestructura suficiente; estancias infantiles y la recuperación y ampliación de las Escuelas de Tiempo Completo; una política de empleabilidad para jóvenes; fondos y apoyos para el fomento a la economía social; y tener un padrón único de beneficiarios de los programas de transferencias monetarias.
También urge tomar acciones frente a realidades muy graves y que deben incluso ser consideradas en la discusión del paquete presupuestal del próximo año, pues hoy están ausentes y son: programas de regularización y recuperación de aprendizajes tras el rezago ocasionado por la pandemia; un programa de “regreso a la escuela”; integración efectiva a servicios públicos de salud; recuperar el abasto de medicamentos y evitar el uso clientelar y político de los programas sociales con fines electorales.