El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un análisis de sobre las instituciones federales que en este sexenio y se creó el Índice de Desempeño Administrativo (IDA) que analiza las capacidades normativas, de cumplimiento de normas de transparencia, recursos humanos y gestión presupuestal de siete instituciones centralizadas y seis autónomas.
Los resultados cualitativos y cuantitativos del análisis resaltan la necesidad de mejora en la gestión de los recursos humanos y el ejercicio del presupuesto de las instituciones públicas. Asimismo, aunque las instituciones cuentan con un marco normativo amplio, este no atiende necesariamente sus desafíos actuales.
Los datos del IDA ponen de manifiesto la necesidad de contar con información sistematizada, homogénea y comparable para medir el desempeño administrativo de las instituciones públicas en México.
Las instancias analizadas son el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) y Secretaría de Bienestar (Bienestar).
También, se analizaron seis instituciones autónomas: Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Los principales retos que tienen tanto las instituciones centralizadas es que existen retos en la gestión de sus recursos humanos y presupuestales. Con respecto a la tasa de ocupación en la estructura orgánica, 16 y 15 por ciento de plazas en la SEP y la SCT están vacantes, lo que puede afectar su funcionamiento. Por otro lado, el gasto administrativo en la SSA y Bienestar incrementó 14 y 16 por ciento -respectivamente- en el último año evaluado.
Los cambios en el nivel de gasto y el tamaño de la plantilla de personal pueden afectar su funcionamiento y capacidad para lograr sus metas a mediano y largo plazo. Mientras que Bienestar ha incrementado su presupuesto, en promedio, en 20 por ciento anual desde 2019, y su personal en 45 por ciento, la SCT ha reducido su presupuesto en promedio en 10 por ciento anual y el personal en 7 ciento.
El sobreejercicio presupuestal es constante y significativo, lo que evidencia retos importantes en la planeación de actividades durante el año, así como debilidad en los procesos de planeación del gasto. En 2022, las instituciones con mayor sobreejercicio fueron SHCP y Segob, que ejercieron 3.3 y 2.3 veces su presupuesto aprobado respectivamente.
En las instituciones autónomas hay un mayor cumplimiento en comparación con las centralizadas en la presentación de declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés. No obstante, en promedio, se observa un aumento en las observaciones del órgano interno de control y una disminución en las investigaciones concluidas por faltas administrativas. Por ejemplo, en la Cofece solo 13 por ciento de las investigaciones iniciadas en 2022 se concluyeron.
A nivel agregado, las instituciones autónomas tienen mayor estabilidad presupuestaria y mejor ejercicio del gasto con respecto a las centralizadas. Esto se debe a fenómenos como un gasto bajo destinado a la auditoría interna; en el caso del INE, por ejemplo, fue 0.9 por ciento del presupuesto total en 2022.