El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 contempla una distribución inequitativa del presupuesto que reciben las entidades federativas en materia educativa. De acuerdo con un análisis realizado por Mexicanos Primero, el gobierno prevé para el año entrante una inversión que no contempla ni el tamaño, ni las variaciones de la matrícula de estudiantes, la plantilla docente o el desempeño educativo de los estados.
El gasto público por estudiante permite estimar los recursos que reciben cada año las niñas, niños y adolescentes de educación básica en los diferentes contextos en donde estudian. Mexicanos Primero realizó un análisis del gasto por estudiante para identificar si el presupuesto federal del Ramo 33 es suficiente para atender las necesidades de cada estado de acuerdo a su respectiva matrícula de estudiantes.
Las brechas entre entidades federativas, ocasionan que las necesidades educativas no se atiendan de la misma forma, pues, mientras Baja California Sur (el estado con mayor inversión) recibe 46,094 pesos por estudiante, estados como Puebla, Chiapas, Guanajuato, Yucatán y Tabasco reciben menos de la mitad. Y las entidades con mayor número de estudiantes como Nuevo León, Estado de México y Jalisco son los más castigados en la repartición de recursos.
Mientras Jalisco recibe 18,132 pesos por estudiante y el Estado de México 18,197 pesos; Campeche, Oaxaca, Colima están por encima de los 35,000.
Ni la matrícula de estudiantes, la cantidad de docentes o los indicadores de desempeño educativo son un factor que oriente las decisiones del gasto; por ejemplo, los dos extremos, Baja California Sur con el gasto más alto y Jalisco con el más bajo, el primero tuvo una tasa de abandono en secundaria de 1.8% en 2018, menor a la de Jalisco (3%), pero en 2023, ambos estados lograron una reducción muy similar en sus tasas 36.5% y 38.8% respectivamente.
Entre 2018 y 2023, entidades como Guerrero, Colima y Oaxaca han perdido aproximadamente el 10 % de su matrícula, y han tenido aumentos en sus presupuestos, mientras Nuevo León y Quintana Roo recibieron menos recursos a pesar de haber experimentado un incremento de 2.1% y 5.8% respectivamente. Este año, Jalisco tiene el gasto promedio más bajo por estudiante a pesar de contar con la segunda población estudiantil más grande del país (1,6 millones).
Lo mismo observamos con la evolución de la plantilla docente. Siete de las 13 entidades que tuvieron aumentos en recursos, decrecieron en su plantilla docente: Colima, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Por el contrario, tres de las cuatro entidades con menos recursos ampliaron su plantilla docente.
La realidad es que, en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cuenta con un indicador oficial actualizado sobre el gasto por estudiante en la educación básica que mida la distribución presupuestal a nivel estatal, con indicadores claros más allá del gasto por nivel educativo, el gasto educativo nacional y el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a este rubro. Mientras exista opacidad en las decisiones en materia presupuestal de este tipo, poco se podrá atender con equidad las necesidades educativas de los estudiantes con mayores desventajas limitando su derecho a estar, aprender y participar en las escuelas.
El análisis de Mexicanos Primero revela también que cuando el gasto educativo federalizado es bajo, las entidades con mayor recaudación y PIB per cápita son capaces de reforzar el gasto en una proporción relevante, como es el caso de Jalisco; sin embargo, entidades que tienen mayor pobreza y menor recaudación no pueden hacer el mismo esfuerzo, cuando esto sucede, la desigualdad continúa y las brechas en el presupuesto por estudiante se hacen más evidentes.
Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero hizo un llamado urgente a las y los Diputados para que no permitan que la inequidad nazca desde sus curules.
“Defendemos el derecho a aprender de todas las niñas, niños y adolescentes en México y los instamos a trabajar en conjunto para garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos destinados a la educación.
“Nuestro compromiso es con el presente para que cada estudiante, sin importar su lugar de residencia, tenga una educación de calidad con igualdad de oportunidades”, agregó.