En algunos casos, los fideicomisos pueden emitir deuda, lo que puede comprometer las finanzas de los estados. Los estados de Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Querétaro concentran 55.5 por ciento de los recursos de los fideicomisos públicos estatales en únicamente cuatro fideicomisos públicos –28 mil 574 millones de pesos -mdp-. Estos cuatro fideicomisos son los únicos que superan la cantidad de mil millones de pesos.
Estos cuatro fideicomisos son los únicos que superan la cantidad de mil millones de pesos. Los otros 381 fideicomisos contienen 44.5% restante de los recursos –22 mil 956 mdp– y están destinados a diversos temas como el turismo, el desarrollo agropecuario, recaudación de impuestos, entre muchos otros temas.
Es importante destacar que, como se puede apreciar con los casos de Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Querétaro, eliminar la cantidad de fideicomisos públicos operantes no necesariamente se asocia con un menor número de recursos destinados a estas figuras, mayor transparencia y rendición de cuentas. En el ámbito estatal, la heterogeneidad es tal que incluso identificar los fideicomisos públicos que realmente están operando, conocer sus recursos y sus reglas de operación es una tarea compleja.
La problemática de esta proporción es que algunos de estos fideicomisos, como el de Chihuahua, pueden emitir deuda, lo que puede comprometer las finanzas del estado, en gran medida porque el marco regulatorio no lo contempla.
El objetivo de un fideicomiso es asegurar la existencia de recursos para cumplir un fin específico. Es decir, dar certeza sobre la manera en que se mantendrán, recolectarán o distribuirán en un futuro los recursos definidos en el contrato y garantizar que los recursos serán transferidos al beneficiario seleccionado.
Los fideicomisos públicos, tanto federales como estatales, presentan múltiples beneficios que, bien aprovechados, pueden traer derramas económicas para los estados y el país. Para ello, es importante que mejoren su operación y rendición de cuentas.
Al respecto, el IMCO propone que se cree un Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos Públicos que sea accesible para la ciudadanía por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las secretarías análogas de las entidades federativas.
Actualmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento prevén la existencia de un sistema para poder registrar los fideicomisos federales. Sin embargo, este sistema tiene dos grandes limitantes: no es de acceso público y no comprende a los fideicomisos estatales. En consecuencia, es necesario desarrollar un repositorio de información coordinada en la que se puedan consultar los contratos, saldos, aportaciones, estados financieros y demás información de los fideicomisos federales y estatales.
Así como establecer un contrato de fideicomiso público modelo que prevea reglas estándar para el reporte de información. A pesar de que la Ley General de Transparencia prevé obligaciones comunes y específicas para los fideicomisos públicos – con y sin estructura –, la ausencia de regulación homogénea de los Fideicomisos genera que no cuenten con reglas armonizadas para transparentar la Información. Al crear un contrato modelo, los fideicomisos públicos podrán asegurar un mínimo de información que permita monitorear su funcionamiento y garantizar el derecho de acceso a la información.
Agregar una regulación específica en la Ley de Disciplina Financiera para la emisión de deuda por medio de los fideicomisos públicos. Los fideicomisos públicos son comúnmente utilizados para financiar inversiones por medio de la emisión de deuda. Al provenir del ámbito privado, esta función no ésta limitada, ya que estos vehículos financieros se utilizan para la captación de capital. Sin embargo, en el caso de los fideicomisos públicos no existe un límite para la emisión de deuda.
En México, existen muchas inquietudes con respecto al funcionamiento de los fideicomisos públicos. Específicamente, en la edición 2023 del Barómetro de Información Presupuestal (BIPE), de los 116 criterios evaluados, el criterio Fideicomisos públicos por número de contrato y fiduciario, es el tercer criterio menos cumplido en los estados (69 por ciento de cumplimiento).
Por estos motivos, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizo la información pública disponible en los presupuestos estatales sobre los fideicomisos públicos y concluyo que la información es limitada, la regulación heterogénea y la asignación asimétrica.
De acuerdo al IMCO, la información pública disponible sobre el funcionamiento de los fideicomisos estatales es limitada, lo que dificulta la rendición de cuentas. A nivel estatal, no es posible determinar que proporción de los fideicomisos públicos cuenta con estructura y cual no por la falta de información. En el BIPE se observó que sólo 24 de los 32 estados detallan los saldos de sus fideicomisos. Para 2023 hay un total de 385 fideicomisos estatales reportados que concentran alrededor de 51 mil 530 millones de pesos.
Además, al ser administrados por un tercero privado – fiduciario – los recursos de los fideicomisos tienden a ser más difíciles de identificar. Esto se muestra en las grandes disparidades que hay entre los distintos fideicomisos públicos estatales. Un ejemplo es que, a pesar de que los estados con mayor número de fideicomisos públicos son Jalisco (42), Yucatán (33), Tamaulipas (28), Sinaloa (25) y Baja California Sur (24), no son los que concentran mayor número de recursos, ya que ninguno de sus fideicomisos cuenta con un saldo mayor a los mil millones de pesos
Las entidades federativas mexicanas enfrentan cuatro riesgos principales para constituir, operar y transparentar un fideicomiso público: poca homologación y claridad en la regulación para constituir un fideicomiso público; lineamientos limitados o inexistentes para reportar información sobre fideicomisos públicos; riesgos asociados a la administración privada de los fideicomisos públicos; baja supervisión.
Para aprovechar mejor el potencial de los fideicomisos públicos, más que desaparecerlos hay que fomentar su transparencia y rendición de cuentas.
En el marco normativo de los fideicomisos públicos estatales es complejo y heterogéneo, lo que puede dificultar su funcionamiento. Para que los fideicomisos públicos funcionen bien, es fundamental que el marco normativo establezca como debe ser su constitución, funcionamiento y rendición de cuentas.
La regulación de los fideicomisos públicos estatales se enfrenta a la regulación federal para el sistema financiero y la regulación concurrente -general- y estatal en materia de transparencia, así como algunas reglas específicas para su funcionamiento.
A nivel nacional, hay gran heterogeneidad en el marco legal que regula a los fideicomisos públicos: en algunos estados no existe dicho marco, en otros deben estar alineados al Plan Estatal de Desarrollo.