Las diez entidades con más atrocidades fueron: Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Veracruz, Michoacán y Zacatecas.
En el último informe del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, Causa en Común reveló que, durante 2023, se cometieron en el país, al menos, 6,378 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
Entre los hallazgos del estudio destaca que:
Durante el 2023, en promedio se registraron 532 atrocidades cada mes, es decir, 17 atrocidades cada día
Se registraron al menos 1,789 casos de tortura; 645 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; y al menos 447 masacres.
El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la segunda atrocidad que más se registró en el país (después de tortura) con, al menos, 935 casos, un promedio de 18 casos cada semana. De igual forma se acumularon, al menos, 266 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; en promedio, 22 casos al mes.
Se sumaron 487 actos violentos contra las autoridades, 451 casos de violaciones agravadas y el hallazgo de 297 fosas clandestinas.
En comparación con 2021, se observa un incremento aproximado de 19%, pasando de 5,334 a 6,378 eventos. Respecto al 2022, el incremento fue de aproximadamente 3%, pasando de 6,217 a 6,378.
Los registros de atrocidades abarcan todo el país; sin embargo, las diez entidades en donde ocurrieron más atrocidades durante el 2023 fueron: Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Veracruz, Michoacán y Zacatecas.
Algunas propuestas:
Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos y que permitan la comprensión de las realidades locales.
Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.
Dotar de presupuesto, medios técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de garantizar servicios esenciales y atención jurídica y económica a las víctimas de atrocidades y a sus familiares.
Es necesario financiar proyectos que ayuden a documentar, visibilizar y explicar las violencias que se ejercen en el país a fin de generar propuestas que prevengan y atiendan la grave situación de criminalidad que atraviesa el país.
Generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos a fin de colaborar en la construcción de programas y proyectos de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.