De acuerdo con el paquete de iniciativas que el Presidente López Obrador envió ayer al Congreso de la Unión, El Consejo Empresarial Mexicano manifestó en principio su acuerdo en algunas de las propuestas del mandatario, como disminuir del 40 al 30 por ciento la participación ciudadana en consultas populares y la disminución de legisladores que sería necesario evaluar en qué sentido puede fortalecer la democracia.
Aun cuando podría haber propuestas que podrían considerarse, advirtió el organismo que definitivamente será necesario revisar cada una con mucho detalle antes de tener una postura clara o real, para evitar una interpretación errónea del fondo o el sustento de cada una de ellas.
El análisis que se debe realizar sobre las propuestas presentadas debe ser cuidadoso en especial de aquellas que tienen implicaciones de recursos, pues según las propias cifras y declaraciones de las autoridades hacendarias, al día de hoy las finanzas públicas tienen grandes boquetes, en especial los rubros de salud y seguridad, que están incluidos en dichas propuestas, poniendo en entredicho su factibilidad si no cuentan con los recursos para su impulso.
Es evidente también, menciona el Consejo, que una de las razones por las que se emite precisamente este paquete de propuestas, es con un ánimo de aprovechar el ambiente electoral del país para mediados de este año, quizás como una especie de reivindicación a las políticas publicas y las grandes obras que ha auspiciado el gobierno y que, a meses de concluir su periodo sexenal, no han tenido impacto o ningún resultado evidente de operación o de cumplimiento.
El organismo empresarial considera que el Presidente tiene el firme propósito de continuar con una activa participación en la vida publica y la toma de decisiones si el partido oficial mantiene el poder y no duda de que tenga el objetivo de que estas iniciativas consoliden un Estado cada vez más intervencionista y preponderante como se ha conducido hasta ahora.
Por otra parte, el CEM también calificó de “ocurrencia” el que los magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos de manera directa por el pueblo y advirtió sobre el riesgo de incrementar la influencia de la Secretaría de la Defensa con el control de la Guardia Nacional.
Finamente, en su propuesta de iniciativa el mandatario mexicano, advierte, continúa utilizando un lenguaje “de impacto popular” que tiene el objetivo de agradar a las mayorías, pero cuyo verdadero objetivo es quitar fuerza a la participación ciudadana y posibles obstáculos a sus propósitos, como el calificar de “elitistas” a los organismos autónomos. Así como seguir aumentando el déficit en forma desproporcionada sin sustento económico y no presentar alternativa de generación de ingresos para financiar dichas propuestas