El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una serie de 20 reformas (18 constitucionales y dos legales) que buscan materializar cambios en la política y régimen económico. Por este motivo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) resalta que 8 de dichas iniciativas tienen grandes implicaciones sociales y económicas.
Las ocho iniciativas que pueden poner en riesgo el desarrollo nacional y son las de pensiones, la de salario mínimo, la de educación y empleo, la que desaparece a los órganos autónomos, la del poder judicial, la político-electoral, y las referentes al agua y la energía eléctrica.
En el desglose de dichas iniciativas se detalla que la iniciativa contraviene el objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro vigente actualmente, que fue garantizar la sostenibilidad fiscal del país. En caso de ser aprobada, una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050.
La Reforma al salario mínimo, en caso de ser aprobada, la reforma requerirá de una implementación balanceada, en la que los incrementos al SM tomen en cuenta -además de la inflación- factores como el crecimiento económico, la productividad, la evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores. De lo contrario, pueden representar un incentivo para la informalidad.
La Reforma para garantizar la educación y el empleo, pondría una presión adicional en las finanzas públicas del país sin tener información sobre cuántos jóvenes que recibieron la capacitación han logrado incorporarse al mercado laboral formal. Es decir, se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada.
Sobre la desaparición de órganos autónomos: se padecerá de una mayor concentración de poder y menos rendición de cuentas. Además, la transferencia de funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones constituye una violación a las obligaciones pactadas en el marco del T-MEC. Particularmente, de eliminarse Cofece y trasladar sus funciones a la Secretaría de Economía, se incumpliría el artículo 21.1.4, que establece que cada parte debe garantizar la existencia de una autoridad de competencia responsable de la aplicación de leyes en la materia.
Por otra parte, la eliminación del INAI implicaría un retroceso de los avances en materia de transparencia, dada la desintegración de la Plataforma Nacional de Transparencia y de los estándares homologados de publicación.
La Reforma al Poder Judicial, es considerado un atentado contra su independencia; pues se pretende que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, jueces de distrito, y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial sean elegidos de manera directa por la ciudadanía, lo que implica la politización de procesos que deben regirse por criterios técnicos y objetivos.
La Reforma electoral implicaría imparcialidad oficial, pues desaparecer los organismos públicos locales (OPL) es coherente con los retos institucionales que enfrenta el INE en la organización de elecciones locales, los otros elementos de la reforma representan riesgos que no son triviales para la democracia del país. Particularmente, la eliminación de los cargos plurinominales reafirma el poder del grupo dominante electoralmente.
Las Reformas en materia de energía y agua, mandan un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el estado de derecho. Al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos.