México desestima las soluciones con mayor beneficio ambiental y económico para hacer
frente al cambio climático y poder cumplir con sus compromisos de mitigación de
emisiones de dióxido de carbono (CO2).
El país cuenta con más de 137 millones de hectáreas de ecosistemas forestales que
incluyen bosques, selvas, manglares, matorrales y otros ecosistemas que, en 2019,
permitieron una absorción de 201.9 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2)
equivalentes, lo cual representó absorber poco más del 27 por ciento de las emisiones
totales del país.
Una de las metas a las que se comprometió el país, es alcanzar la tasa cero de
deforestación para el año 2030. Sin embargo, la presente administración federal ha hecho
muy poco para frenar este problema y México sigue perdiendo, según estimaciones
conservadoras de la Comisión Nacional Forestal, más de 208 mil hectáreas cada año.
Sin embargo, la actual administración federal no cuenta con una política estructurada de
fomento del manejo forestal comunitario y destina escasos recursos para el
fortalecimiento de iniciativas de conservación y productivas de los ecosistemas forestales.
En los últimos 8 años se han registrado severos recortes presupuestales a las
instituciones del gobierno federal encargadas del fomento de manejo forestal y de la
conservación de los recursos naturales.
La escasa presencia de las instituciones del sector ambiental en los territorios forestales
ha facilitado el ingreso de los grupos criminales, que ya no solo se están apropiando del
aprovechamiento, transformación y comercialización de los recursos naturales como la
madera y otros productos forestales.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solo opera un
programa, con escasos recursos, que enunciativamente plantea detener la deforestación
teniendo como base la lucha contra la tala ilegal, no obstante, el la deforestación no es
causada por la tala, sino por el cambio de uso de suelo.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,
adoptar medidas para detener la deforestación y fomentar el manejo forestal sustentable
es económicamente viable y generaría importantes beneficios adicionales.
De lograr detener la deforestación se podrían absorber alrededor de 30 millones de
toneladas de CO2 equivalentes adicionales. Asimismo, emprender medidas de fomento y
fortalecimiento del manejo forestal comunitario permitiría la absorción de 35 millones de
toneladas de CO2 y generaría beneficios económicos superiores a las inversiones.
En 2022 México aumentó su meta de reducción de gases de efecto invernadero de 22 a
35 por ciento para el año 2030, con respecto a su línea base, con recursos nacionales
que aportarán al menos un 30 y 5 por ciento con cooperación y financiamiento
internacional previsto para energías limpias.
Para alcanzar estos compromisos el gobierno federal plantea que las soluciones basadas
en la naturaleza serán el centro de la estrategia y por ello “México acrecentará sus
acciones y la canalización de recursos de forma prioritaria para la conservación de sus
ecosistemas, y para el desarrollo de programas basados en una economía sustentable.
Con respecto a las Áreas Naturales Protegidas, la actualización de la NDC del país se
compromete a decretar más de 2 millones de hectáreas (ha) de nuevas ANP, así como un
millón de hectáreas bajo el esquema de Áreas Destinadas Voluntariamente a la
Conservación, y 40 mil 785 hectáreas restauradas.
Con los recientes decretos del gobierno federal de 20 nuevas ANP, México pasó de contar
con 182 ANP en 2018, a 225 en 2024, que equivalen a una superficie de 93.9 millones de
hectáreas bajo protección federal.
Sin embargo, la publicación de los decretos contribuye muy poco para asegurar la
conservación de los bienes naturales, debido a la precariedad presupuestal.