Ante el incremento de delitos socioambientales y daños a la biodiversidad, es necesario dar mayor impulso al desarrollo de la criminología verde, como herramienta fundamental que contribuye a frenar la destrucción del planeta, afirmó el investigador del Programa de Estudios Socioambientales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, Arturo Argueta Villamar.
En el país, señaló, bajo la perspectiva de la criminología se han atendido situaciones como las amenazas a la seguridad nacional, los tipos de tráfico, delincuencia, homicidios o secuestro; sin embargo, se ha utilizado poco para atender desafíos ambientales que no son menos importantes.
Generalmente el tema se ha abordado a partir de disciplinas como biología, conservación, ciencias ambientales, derecho ambiental, ciencia política, incluso de las relaciones internacionales, pero esto ha resultado insuficiente, aseveró.
Las descripciones y análisis proporcionados en este campo se pueden utilizar como instrumento para identificar actos punibles, omisiones, patrones y prácticas que son ambientalmente destructivas o pueden producir degradación; y también como posibles vías para el combate de estos ilícitos.
La interdisciplina es un factor determinante en el tema, el cual es posible abordar en diferentes espacios y materias, a partir también de la criminología ambiental, estudios socioambientales de la biodiversidad, el derecho, economía, ciencia política y relaciones internacionales.
Aadió que en el caso de México es indispensable establecer un concepto unificado que defina los crímenes y daños ambientales tomando en cuenta nuestra realidad, historia, posturas sociales, culturales y económicas.
En su intervención, el investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Luis Carpio Domínguez, miembro del grupo de especialistas en criminología verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, detalló:
Esta ciencia se enfoca en documentar, describir, analizar y comprender los ilícitos y crímenes contra la biodiversidad, los ecosistemas y la vida del orbe, con el objetivo de generar conocimiento científico que permita formulación de políticas públicas para su atención y prevención.
Planteó la urgencia de revisar el código penal para que las sanciones no se queden únicamente en faltas administrativas, multas económicas o en clausuras temporales, cuando la transgresión amerita abrir procedimientos legales para actuar contra quienes atentan hacia el entorno o trafican con especies animales.
Se requieren mayores esfuerzos administrativos que permitan, por ejemplo, crear un área de inteligencia dentro de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como fiscalías especializadas con personal capacitado y mayor número de peritos ambientales, a fin de actuar con mejores herramientas legales, apuntó el especialista.
En la criminología verde existen flagelos que no son asuntos prioritarios en los sistemas de justicia, pero pueden tener el potencial de ocasionar más muertes que incluso los atropellos de alto impacto, por ejemplo la contaminación de suelo por derrame de hidrocarburos, o la atmosférica que podrían generar enfermedades y gran cantidad de decesos; estos actos están fuera de nuestras leyes, alertó.