Con el objetivo de llamar la atención de quienes contienden por cargos de elección popular -la presidencia de la república, entre otros- sobre los graves problemas socioambientales que enfrenta el país, 35 especialistas de universidades públicas y organizaciones civiles elaboraron la Agenda socioambiental 2024, que analiza nueve temas de atención urgente para la futura administración.
Es por esta atención urgente que los autores y autoras de la Agenda ya han tenido reuniones de presentación de la agenda con los equipos de las candidatas y el candidato a la presidencia de la república, con el fin de explicar a detalle los diagnósticos y las propuestas para cada tema.
Y es que a pesar de que México tiene una de las riquezas naturales más sobresalientes del mundo, no ha tomado las medidas necesarias para manejarla de manera sustentable y con una visión de largo plazo y prevalencia del bien común; antes bien, esa rica biodiversidad está siendo destruida, sobreexplotada, amenazada, principalmente para beneficiar intereses privados.
La Agenda socioambiental 2024, coordinada por Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, plantea que si bien hay algunos pasos positivos en la administración que concluye este año, la tendencia de degradación ambiental que venía de administraciones pasadas se mantiene y se profundiza por diversos factores, entre ellos el cambio climático y el debilitamiento institucional.
Los autores de cada capítulo explican cómo los procesos de deterioro ambiental obedecen a dinámicas complejas en las que destacan tres factores: la desigualdad económica que se traduce en desigualdad ambiental; la captura por parte de las élites económicas y las corporaciones de las instituciones que toman las decisiones de gestión de los recursos ambientales y la prioridad concedida a megaproyectos y a la economía exportadora, pese a que con frecuencia sus impactos son gravísimos y los padecen en mayor medida las poblaciones en condición de pobreza.
“En esta Agenda damos cuenta de cómo los contados cambios progresistas, impulsados por la ciudadanía en algunos casos con instituciones y actores del gobierno actual, en favor de la sustentabilidad, la salud pública y los derechos humanos, han encontrado enormes resistencias de parte de cámaras industriales, corporaciones transnacionales, legisladores de oposición e incluso del partido en el gobierno y de funcionarios de diversos niveles. Esta resistencia hoy amenaza con echar por tierra la Ley de Minería de 2023; se ha opuesto ferozmente, a lo largo de los pasados cinco años, al reemplazo de la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Aguas basada en el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, y le puso pausa al decreto de retiro del glifosato que debería haber entrado en vigor el pasado 1° de abril, entre otros casos. Por todo esto, esta Agenda socioambiental pone en el centro este tema y las consecuencias que tiene para la sociedad, entre ellas la profunda desigualdad y asimetría en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano”, refirió Leticia Merino.
Para cada uno de los temas, las autoras y autores la Agenda ofrecen una ruta crítica, viable, razonada para revertir los procesos de deterioro con una visión de bien común y largo plazo. Estos son algunos de los puntos más relevantes de cada tema:
Agua
Uno de los mayores pendientes de la administración saliente. Los grandes intereses económicos enquistados en la Conagua se opusieron a reemplazar la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Agua centrada en el derecho humano al agua y al saneamiento. La Conagua, creada por el gobierno de Salinas de Gortari para mercantilizar los bienes hídricos del país, ha obstaculizado los cambios estructurales necesarios para el aprovechamiento de las fuentes de agua de manera equitativa y justa, ha favorecido el otorgamiento de concesiones de dotación de agua y descargas sin considerar la disponibilidad real o los impactos ecohidrológicos, mantiene una lógica de toma de decisiones por desastre y ha dejado exacerbar la contaminación en los ríos principales del país.
Regiones forestales
Los territorios forestales experimentan presiones y amenazas crecientes: el aumento alarmante de plagas e incendios asociados al cambio climático; la tala ilegal, que alcanza el 120% de las extracciones legales; la presencia del crimen en gran parte de los territorios forestales. Esto ocurre en un contexto
de caída drástica del presupuesto oficial para la protección y apoyo al manejo sustentable de los bosques, a cargo de la CONAFOR, y de una sobrerregulación e hipercentralización de la gestión de los aprovechamientos por parte de una SEMARNAT con recursos insuficientes para operar.
Biodiversidad.
La conservación de la biodiversidad es un tema relegado o incluso ignorado en el discurso político porque no se entiende ni se reconoce su importancia crucial. La diversidad de plantas, hongos, microorganismos y animales es indispensable para mantener las funciones de los ecosistemas (océanos, ríos, lagos, bosques, selvas, matorrales de zonas áridas, pastizales y agroecosistemas) que constituyen servicios ambientales esenciales para la vida, sustento y bienestar de la humanidad. Esos servicios son, entre otras cosas, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y una gran variedad de recursos que son la base de la economía.
Energía
En México los combustibles fósiles representan el 85% de la oferta bruta de energía: predomina un modelo energético obsoleto que acentúa la crisis climática. El pico del petróleo fue alcanzado hace veinte años y desde entonces, se mantiene el declive de la producción petrolera. La productividad por pozo ha disminuido 67%, mientras que los costos de extracción se han quintuplicado. Los esfuerzos por aumentar la producción petrolera no han tenido el éxito esperado, pese a que se duplicó el presupuesto de PEMEX. Y, mientras el país sufre de estrés hídrico, técnicas para extraer hidrocarburos que demandan grandes cantidades de agua como el fracking, no han sido prohibidas.
Minería
Durante más de 30 años, la Ley Minera de 1992 impactó territorios de maneras diversas, provocando conflictos socioambientales. Aunque esta ley fue modificada el año pasado, persisten los territorios devastados por la megaminería, se mantienen las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, se hace minería con técnicas peligrosas como la minería a cielo abierto, los pozos de carbón y las cuevas de arrastre. Actualmente, se permite el uso de aguas de laboreo para la minería, siempre y cuando se informe a la autoridad correspondiente. Persiste la opacidad y la escasa contribución de la minería al empleo, al desarrollo local y a las finanzas públicas del país.
Sistema agroalimentario
La autosuficiencia alimentaria es uno de los grandes retos para la seguridad del país. Este gobierno ha iniciado algunos pasos en esa dirección al cambiar la estructura de los subsidios para beneficiar a los pequeños y medianos productores, quienes detentan más del 70% de las unidades de producción, mantienen la agrobiodiversidad en el país, y son los principales productores de maíz y frijol; aunque al mismo tiempo son quienes no cuentan con sistemas de riego, acceso a mercados, asistencia técnica ni créditos. Asimismo, son los más vulnerables a los efectos de la sequía y el cambio climático.
Residuos
La gestión integral de residuos en México es un asunto pendiente. Pese a que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos tiene más de 20 años de publicada, en ninguno de los tres tipos de residuos (sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos) se cumple la reducción, el aprovechamiento y la disposición final segura; es decir, no se logra el supuesto de Economía Circular para un Desarrollo Sostenible, como el Plan Nacional de Desarrollo propone. Por el contrario, la gestión es fragmentada, desigual y objeto de una captura institucional.