El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informa que es esencial que la economía logre un ritmo de crecimiento más elevado, mayores niveles de inversión tanto pública como privada que contribuyan a crear más empleos de calidad, así como lograr un ambiente de finanzas públicas sanas, para reducir la pobreza y la desigualdad.
Por ello es fundamental que las propuestas del y las candidatas a la Presidencia se comprometan con estos objetivos. El combate a la pobreza y desigualdad en el país ha sido poco exitoso a lo largo del presente sexenio, y la pobreza se acrecentó y son más de 50 millones de mexicanos en algún rango de pobreza.
Más allá de considerar el nivel de ingreso como el principal factor que define la pobreza, existen otros que reflejan diversas necesidades de la población y que están asociados con sus condiciones de vida, que en algún momento pueden inhibir la satisfacción de sus necesidades básicas.
Su medición e interpretación aumenta la relevancia de propuestas claras y específicas con miras a reducir los niveles de pobreza. Sin duda estos deben ser los objetivos principales para cualquier contendiente por un puesto de elección popular.
Como se ha señalado anteriormente, las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) disponibles para 2022, indican que 46.8 millones de personas están en situación de pobreza, esto es 5.1 millones menos que en 2018. No obstante, la población en situación de pobreza extrema aumentó en 400 mil personas.
Sin embargo, los indicadores de carencia social no son tan favorables. Resalta el indicador que refleja la carencia por acceso a servicios de salud, en donde se reporta un aumento de 30.3 millones de personas en esta condición, que en buena medida se atribuye a la desaparición del seguro popular. La población con rezago educativo aumentó en 1.6 millones.
Por su parte, la población con carencia por acceso a servicios de seguridad social se redujo en 1.5 millones. Sin embargo, 64.7 millones de personas siguen estando en esta situación, lo cual está asociado a los altos niveles de informalidad.
A pesar de las mejoras en algunos de los indicadores de pobreza, es evidente que los niveles de desigualdad siguen siendo elevados, por lo que es fundamental que las propuestas de los candidatos presidenciales consideren esfuerzos adicionales para darle solución a todos los aspectos que contempla la medición multidimensional de la pobreza.
En este entorno es prioritario que los candidatos expongan con claridad las políticas públicas que consideren idóneas para lograr un beneficio real de los hogares.
Además de la inversión como principal instrumento para generar empleo productivo y principal factor para reducir la pobreza, son necesarias también propuestas que tengan la visión de mejorar la calidad de vida de la población.
Esto implica medidas concretas que hagan más eficiente la asignación de los recursos públicos. Hasta ahora la calidad del gasto no ha reflejado un beneficio real para los hogares más allá de sus programas asistenciales que en su mayoría solo perpetúan las condiciones de pobreza al no desarrollar activos y/o capacidades para actividades productivas.
Esto implica que los 11,508 programas y acciones de desarrollo social que tiene inventariados CONEVAL (121 federales; 1,038 estatales; 10,349 municipales) en todo el país han tenido un efecto limitado o muy limitado en algunos casos para mejorar el bienestar de las familias.