El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informa que la principal preocupación del próximo gobierno será la insostenibilidad de las finanzas públicas. El cúmulo de compromisos contraídos con cargo al presupuesto, pero sin fondeo propio durante la actual administración es la razón.
Se denunció que el discurso de las autoridades resalta la salud financiera del sector público, su eficiencia recaudatoria, una asignación adecuada de los recursos públicos y la no contratación adicional de deuda. Evidentemente eso puede ser cuestionable.
Si bien es cierto que, considerando la estimación preliminar de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2025, los ingresos del sector público habrán aumentado 9.6 por ciento en términos reales a lo largo del sexenio, impulsados en buena medida por el incremento de 21.9 por ciento en la recaudación tributaria
Sin embargo, la política de gasto ha reportado aumentos mayores, generando un desbalance importante para el 2024. Esto refleja la insuficiencia de las fuentes de recursos que ha caracterizado no sólo a este gobierno, y genera una situación deficitaria que podría extenderse por algunos años más.
Por el lado del gasto, la creación de un importante número de programas asistenciales y proyectos poco o nada rentables social y económicamente, con el objetivo principal de mantener la preferencia de la población, demandó una notoria cantidad de recursos. A lo largo del sexenio el gasto total habrá aumentado 23.2 por ciento en términos reales, cuando un sexenio antes lo hizo en 8.4 por ciento.
Esta situación propició que ejercicio tras ejercicio fiscal del sexenio se reportaran déficits cada vez mayores a tal grado que para 2024, último año de gobierno, se prevé un déficit total, considerando el concepto de Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), de casi dos billones de pesos, históricamente el más elevado. Durante todo el sexenio se habrá acumulado un déficit total de 7.1 billones de pesos.
Para 2025 la estimación preliminar considera un ajuste importante en el gasto público, una disminución real de 8.8 por ciento, lo que en principio parece buena noticia tras el excesivo gasto en años anteriores. Sin embargo, más allá de un ajuste realmente planeado, esto responde principalmente a la terminación de los proyectos insignia del gobierno.
El hecho es que a pesar de que ya no habrá recursos para los proyectos insignia como el Tren Maya, la refinería dos bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los programas prioritarios permanecen y se estima que para 2025 tendrán un costo total de 1.3 billones de pesos, una quinta parte del gasto programable total.
Sin embargo, la disponibilidad de recursos que implica esta situación no significa que se canalicen a proyectos que incentiven el crecimiento, como debería ser. La necesidad de recursos para los sectores de salud, educación, seguridad son tan importantes o más como cualquier proyecto de infraestructura, toda vez que se relacionan directamente con el bienestar de los hogares y con la productividad y competitividad del país.
Planear para los siguientes años será complicado aun cuando se mantenga el partido actual en el poder. Su discurso optimista y de escenarios que se apoyan en otros datos pueden seguir generando un ambiente de excesivo optimismo.