El estado de Querétaro, se informó que se ubica en el segundo lugar con menos presencia de delitos efectuados por servidores públicos –de todo orden federal en la entidad-, con 4 denuncias a nivel federal, en especificó.
El primer lugar nacional es Tlaxcala con cero. Mientras que las entidades con más presencia de estos delitos son Ciudad de México con 28,580 denuncias, Estado de México con 21,275, Nuevo León con 11,757 y Chihuahua con 5,753 delitos cometidos por servidores públicos. A nivel federal en los pasados seis años sumaron en total 116,432.
En el promedio de delitos de servidores públicos por millón de habitantes, el estado de Querétaro sigue en segundo sitio nacional con menos delitos de este sitio con 4; detrás de sólo Tlaxcala con cero. Mientras que los de más promedio es Ciudad de México con 3,103, Nuevo León con 2,033 y Colima con 1,988.
Durante el sexenio de AMLO se han denunciado 116,432 casos de delitos cometidos por servidores públicos en México. En 2024 se han denunciado 9,628 delitos cometidos por servidores públicos, una disminución del 10 por ciento respecto a 2023.
El 53 por ciento de los delitos cometidos por servidores públicos se concentran en Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. La mayoría de las entidades muestran una disminución en delitos cometidos por servidores públicos en 2024 respecto a 2023.
En los pasados 4 años, la presencia de delitos por servidores públicos en 2023 fue de 2; en 2022 fueron cero; en 2021 fue uno; y en 2020 fue cero; nunca salieron de los tres primeros sitios, dichos datos son recabados por Tresearch International, INEGI y el IFAI.
Cabe recordar que por tercer año consecutivo Querétaro obtuvo el primer lugar en el Índice de Estado de Derecho en México (IDEM), en donde sobresale que, en los indicadores de Ausencia de Corrupción y Justicia Penal, el estado ha sido el número uno en las seis ediciones de este reconocimiento. En la edición 2023-2024 el diagnóstico refiere que la entidad lidera en cinco de los ocho factores analizados por la organización ciudadana internacional World Justice Project.
Durante 2023, el costo por incurrir en actos de corrupción gubernamental ascendió a 2,022 pesos en promedio por persona, reporta la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig-2023) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Querétaro se colocó por debajo de la media nacional cuyo costo fue de 3,368 pesos por persona; y se posicionó en el sitio 12 de estados con menor a mayor costo.
Según el INEGI, en la entidad, 83.9 por ciento de la población percibió que la corrupción es muy frecuente o frecuente en los partidos políticos, siguen los policías con 78.1 por ciento, la cámara de diputados y senadores 72.2 por ciento, medios de comunicación 70.8 por ciento, ministerio público o fiscalía estatal 70.7 por ciento, gobierno estatal 69.1 por ciento, jueces o magistrados 67.8 por ciento, gobierno federal 66.6 por ciento, gobiernos municipales 65 por ciento y empresarios 64.4 por ciento, entre otros.
En Querétaro, la corrupción fue el segundo problema más importante que identificó la población; para 63.9 por ciento la inseguridad y la delincuencia fue el problema más importante que aqueja a la entidad, siguió la corrupción con 43.5 por ciento de las respuestas; las mismas prioridades se observa a nivel nacional.
Al primer semestre del 2024, en materia de quejas contra servidores públicos de la Fiscalía estatal se tiene en cartera de 280 procedimientos, 131 por presuntas faltas administrativas y 73 por responsabilidad administrativa. En el desglose de datos en los pasados seis años, se tiene una cifra de 50 casos de servidores públicos vinculados por corrupción en los últimos 7 años, al 2023.
Los dos últimos casos que han llamado la atención de la sociedad queretana son el dado a conocer por el Órgano de Control Interno, en San Juan del Río, que abrió dos procesos en contra de servidores públicos que estarían involucrados en el delito de hostigamiento laboral.
También se tiene el caso de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que decidió terminar la relación laboral con María Cristina Niño de Rivera Burgueño, quien difundió un video en sus redes sociales dónde se burla de que “huyó de su oficina” sin atender a usuarios que buscan ser atendidos.