Ante la pérdida de disponibilidad de agua potable para la población y para actividades económicas, el Centro de Opinión Pública de la Universidad Tecnológica (UNITEC) dio a conocer la percepción de la población mexicana sobre su manejo y los descuidos más frecuentes de este insumo. Pese a que un 75 de las personas aprecia que en sus viviendas se padece escasez de agua.
De acuerdo con dicho estudio “Cultura hídrica en México: percepciones sobre la crisis y manejo del agua”, un 43 por ciento de mexicanos considera que los individuos y las familias realizan acciones significativas para combatir su escasez, seguidos por la Comisión Nacional del Agua (37 por ciento), organizaciones civiles (35 por ciento), el gobierno federal (32 por ciento) y el gobierno estatal (31 por ciento).
En contraste, los actores que, de acuerdo con los mexicanos, hacen poco o nada son las grandes empresas (78 por ciento), gobiernos municipales o alcaldías (71 por ciento) y los institutos de servicios de agua de los estados (71 por ciento).
Otro esfuerzo permanente ha sido la concientización sobre la escasez de agua. Entre los actores que con mayor frecuencia han difundido campañas sobre este problema en el último año, según los resultados de la encuesta, se encuentran: los medios de comunicación (65 por ciento), activistas (61 por ciento), la Comisión Nacional del Agua (58 por ciento) y organismos internacionales (60 por ciento). Por otro lado, las percibidas con menor activismo son las grandes empresas (65 por ciento).
Al hablar del cuidado o descuido del agua es inevitable no pensar en las fugas. Solo en el último año, 79 por ciento de las personas presenció al menos una fuga de agua en su colonia, de estos, 42 por ciento recuerda una o dos. Además, el 86 por ciento presenció fugas en otros lugares donde transitaba regularmente: 43 por ciento vio una o dos fugas y 43 por ciento más de tres.
De quienes observaron una fuga, 30 por ciento no lo reportó. Entre quienes reportaron fugas, 32 por ciento indicó que todas fueron atendidas por las autoridades, el 26 por ciento dijo que algunas, 21 por ciento pocas y 12 por ciento que ninguna.
De las fugas reportadas, solo 19 por ciento fueron atendidas el mismo día y 77 por ciento demoraron más de dos días. 95 por ciento opina que es urgente o muy urgente que las autoridades realicen nuevas obras públicas para el sistema de aguas de su localidad y 96 por ciento cree que el mantenimiento a las tuberías es apremiante.
Durante el último mes (junio 2024), a 75 por ciento le ha faltado o ha escaseado agua potable al menos un día en su vivienda; al 69 por ciento en la escuela y al 62 por ciento en su trabajo. En este escenario de escasez, es cada vez más común conocer prácticas irregulares de abastecimiento de agua: 63 por ciento sabe que en su estado han ocurrido cobros excesivos por pipas de agua, 29 por ciento conoce de saqueo o robo de agua en pozos o tomas, 28 por ciento de saqueo o robo de agua en lagos y lagunas, y 26 por ciento de venta ilegal de agua.
Entre las estrategias públicas percibidas por los participantes en la encuesta, se encuentran: racionar el agua (52 por ciento), reparación de fugas (49 por ciento) y extracción de agua del subsuelo (44 por ciento). Sobre la estrategia de las autoridades la mayoría (63 por ciento) cree que es poco probable o nada probable que las autoridades cambien el sistema de drenaje. Sobre el “robo de agua”, 63 por ciento considera poco o nada probable que esto se castigado.
Existen diversas posturas sobre cómo debería gestionarse el agua. El 68 por ciento de los encuestados considera que cobrar más a quienes consuman más agua es una medida eficiente o muy eficiente. Este porcentaje se reduce al 58 por ciento para quienes creen que racionar el agua es eficiente o muy eficiente. Destaca que la mayoría (74 por ciento) considera que el agua debe ser un bien público gestionado por el gobierno, seguido por el 23 por ciento que piensa que debe ser un bien público, pero gestionado por privados y solo el 3 por ciento considera que el agua debe ser un bien privado gestionado por privados.
Parece haber un fuerte consenso en el carácter público del agua, ya que el 97 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo en que el acceso al agua debe ser un derecho para todos, el 97 por ciento en que se deben establecer leyes más estrictas para que las empresas cuiden más el agua, el 96 por ciento en que se debe cobrar más a las empresas que utilizan más agua y el 62 por ciento considera deseable fijar precios más altos por el servicio de agua para evitar su despilfarro.