En México no hay un sistema nacional de pensiones para el retiro adecuado, uniforme y estable, pues modelos de pensiones operan esquemas fragmentados y desiguales que obligan cada año a realizar diferentes esfuerzos para pagar las pensiones.

En esta cobertura se utiliza aproximadamente el 22 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024, de acuerdo con el CIEP, lo que implica un problema financiero y operativo, señala el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Algunas de las problemáticas que enfrentan las pensiones para el retiro en México son la falta de continuidad de la política pública, por lo que no se logran implementarlos cambios operativos. Además que no hay una integración de la política de pensiones con las de salud y de cuidados.

Por ello, es necesario llevar a cabo una reforma hacendaria para garantizar la sostenibilidad del gasto en pensiones y que este no se desplace a otras prioridades de la política económica y social. Se detalla que la fragmentación del sistema de pensiones genera una elevada desigualdad para alcanzar un retiro digno.

Entre las propuestas que se dieron a conocer para remediar esta apremiante situación se encuentra integrar un sistema nacional de pensiones para el retiro con una nueva Ley Marco de Pensiones, en la que se definan los parámetros a los que se deberán ceñir todos los componentes del universo de esquemas de pensiones existentes y que opere bajo la supervisión de un organismo autónomo regulador.

Asi como crear el Instituto Nacional de Pensiones de Retiro (INPR), que coordine la integración del ecosistema de pensiones al encargarse de: i) emitir una regulación secundaria, ii) supervisar a los participantes, y iii) contratar la concesión del fondo solidario que se propone crear para recuperar la mutualidad de la seguridad social.

También se debe generar, por medio del INPR, estudios sobre el envejecimiento poblacional, el mercado laboral, el periodo de desacumulación o de pago de pensiones, entre otras cuestiones.

Finalmente, se tiene que preparar un plan rector, con objetivos, instituciones responsables, además de métricas, para coordinar las acciones sobre los esquemas de pensiones que lleven a su integración.

 

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