El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que el país está lejos de la promesa de un
sexenio que concluiría con tasas de crecimiento económico de 6 por ciento a finales del periodo y
de 4 por ciento anual promedio. “México cierra con una economía debilitada, con un ambiente
político deteriorado, con elevada incertidumbre y expectativas poco optimistas”.
El entorno presenta un nivel de estado de derecho considerablemente debilitado, con altos niveles
de corrupción, inseguridad, criminalidad e impunidad, que ya inciden en elevados costos
empresariales, se denunció.
Para el primer año del nuevo gobierno los especialistas en economía anticipan una tasa de
crecimiento de solo 1.5 por ciento. La expectativa se eleva a 2.0 por ciento para 2026, aunque esto
no anticipa una recuperación importante, sobre todo si se considera que el pronóstico promedio
anual para los próximos diez años se mantiene en 2.0 por ciento.
Para el CCE, lo anterior, significa que el nuevo gobierno federal tendrá que trabajar seriamente en
construir un ambiente que estimule en general la actividad económica, aunque esto se antoja
seriamente complicado tras la aprobación de la Reforma Judicial, que la mayoría de los
especialistas nacionales, internacionales y gobiernos de otros países, en especial de aquellos que
tienen una relación comercial cercana con nuestro país, la consideran un posible obstáculo para la
actividad económica.
El dinamismo de la inversión, principal motor de la economía se deteriora significativa y
rápidamente, debido al constante aumento de la incertidumbre como consecuencia,
principalmente, del entorno político. La cautela, por esta razón, aumenta considerablemente
reflejándose en la debilidad de la inversión, además de fortalecer la posibilidad de perder la
oportunidad que ofrece el nearshoring.
Las empresas, en especial las pequeñas y medianas empresas, enfrentan costos laborales
significativamente elevados, así como altas tasas de interés que encarecen el capital de trabajo, lo
que afecta sus niveles de competitividad y limita la posibilidad de crear más empleos de calidad.
Claro está que también limita la inversión.
“Es evidente que el próximo gobierno enfrentará retos importantes, sobre todo ahora que se
aprobó la Reforma Judicial y que muy probablemente, en el futuro próximo, también se aprobará
la reforma para desaparecer a los organismos autónomos como el INAI, CRE, CONEVAL, entre
otros. Esto implica que tendrá que trabajar sin todos aquellos órganos independientes, que debe
ser claro, no solo representaban contrapesos, también eran los encargados de establecer las
mejores políticas económicas para mantener el ambiente de negocios idóneo”, se informó.
Además, la ausencia de un sistema judicial independiente, transparente y que podría llegar a
adolecer de la preparación necesaria para lograr un ambiente con certeza jurídica adecuada, que
es indispensable para los negocios, es lo que más podría dañar la confianza de los inversionistas.
Es claro que requerimos de un país en donde se colabore, se construya con respeto, se discuta de
forma constructiva, en el que los esfuerzos se canalicen al progreso.
Pero para ello es fundamental contar con un Estado de Derecho sólido que dé seguridad de que
las reglas permanecen y se respetan, que los conflictos se resuelven de manera justa y eficiente,
que la regulación es la necesaria para el buen desarrollo.
Para el inicio del sexenio el gobierno plantea una significativa disminución del déficit público, casi
tres puntos del PIB, lo que en principio implica una intensa reducción del gasto público. El
problema es que el margen de maniobra es muy limitado. Los gastos obligatorios representan más
del 60 por ciento del gasto total.