El día de hoy, la Secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó el Plan Nacional de Energía 2024-2030, el cual contempla cuatro ejes centrales: reglas claras para asegurar e incrementar la inversión privada, fortalecimiento de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, justicia energética y un sistema eléctrico robusto, confiable y seguro.
A partir de estos objetivos, el plan contempla el desarrollo de infraestructura por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas privadas, mantener precios y tarifas sin aumentos reales, sustituir el uso de leña en comunidades rurales, así como proyectos de generación en sitio para universalizar el acceso a la energía eléctrica.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostiene que el sector energético es un precursor indispensable para el crecimiento y desarrollo económico del país, por ello analizó el Plan Nacional de Energía desde los ángulos de financiamiento, crecimiento de la capacidad instalada y transición energética.
Queda pendiente de definir las reglas específicas que se establecerán para la participación privada, así como de la capacidad del plan de adaptarse al crecimiento proyectado de la demanda eléctrica sin restringir su crecimiento potencial. A continuación se presentan sus principales componentes, así como sus implicaciones:
Inversiones de la CFE
El plan de inversiones de la CFE para este periodo consiste en 23.4 mil millones de dólares (mmdd), de los cuales 12.3 mmdd corresponden a proyectos de generación (13,024 nuevos MW), 7.5 mmdd a transmisión y 3.6 mmdd a proyectos de distribución.
Implicaciones
El plan de inversión de la CFE está enfocado en la generación eléctrica -mercado abierto a otros participantes-. Debido al concepto de prevalencia de la empresa estatal sobre el resto de los participantes, será fundamental que la CFE mantenga de forma permanente un ritmo acelerado de inversiones en nueva capacidad de generación.
Se subrayó que el regulador mantendrá independencia técnica, sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales de su nuevo diseño institucional. Las disposiciones legales deberán contemplar mecanismos que garanticen la imparcialidad regulatoria.
Generación privada
Se contemplan 6,400 y 9,550 nuevos MW hacia 2030 desarrollados por privados con inversiones por entre 6 mmdd y 9 mmdd, con la condición de cumplir con el Código de Red y contar con 30% de respaldo.
Asimismo, se plantean tres figuras para la generación privada de energía eléctrica:
Entrega de energía y capacidad a la CFE con contratos de largo plazo
Productores mixtos con participación estatal de 54% en la inversión de las centrales.
Se mantiene la posibilidad de participar en el mercado eléctrico.
Implicaciones
El anuncio de los contratos de largo plazo de entrega de energía y capacidad de privados con la CFE adelanta que la empresa del Estado ya no tendrá la obligación legal de comprar su energía mediante subastas competitivas, como sucede actualmente, sino que podrá suscribir contratos bilaterales con generadores (privados o de la propia CFE). Esto deberá legislarse en la ley secundaria de la reforma constitucional aprobada en octubre de 2024. Será crucial regular que este mecanismo opere bajo un esquema que promueva los menores costos de generación posibles, es decir, evitar que la CFE compre energía a sus propias centrales independientemente de los costos.
Se crea la figura de “productor mixto” como un mecanismo de inversión pública-privada para expandir la capacidad de generación eléctrica con control estatal reduciendo la carga sobre la hacienda pública.
Se preserva la posibilidad de privados para comprar y vender energía eléctrica en el mercado. No se plantearon cambios al despacho eléctrico.
Suministro privado
El Plan Nacional de Energía contempla las siguientes formas de suministro para privados:
Se eleva la generación distribuida de 0.5 MW a 0.7 MW
El autoconsumo sin venta de excedentes a la red irá de 0.7 MW a 20 MW
Las empresas conectadas a la red tendrán que pagar el uso de la infraestructura de transmisión.
Implicaciones
Todos los permisionarios pagan por el uso de las redes eléctricas. Sin embargo, la referencia al pago por el uso de la infraestructura de transmisión parece referir a la eliminación del porteo estampilla, parte del régimen legado de la reforma energética de 2013. Bajo este esquema, centrales renovables que obtuvieron su permiso al amparo de la figura de autoabastecimiento se benefician de una tarifa de transmisión preferencial a cambio del financiamiento de refuerzos de las redes eléctricas, conocidos como aportaciones. A pesar de que el autoabastecimiento formalmente desapareció con la reforma de 2013, el régimen legado mantuvo los derechos de los permisionarios hasta la expiración de sus contratos.
Transición energética
La presentación incluyó los escenarios de planeación de la CFE 2025-2030 con una demanda máxima para 2030 de 64 mil MW, -se estima cerrar 2024 con una demanda máxima en el Sistema Eléctrico Nacional de 55.6 mil MW- a partir de cuatro escenarios: a) confiabilidad (base), b) 1A (sin expandir la cogeneración con Pemex), c) 1B (expandiendo la cogeneración con Pemex) y d) 2 (escenario alto).
Implicaciones
Los escenarios de planeación no son consistentes con el plan de inversión para la CFE y los privados, ni con el objetivo de generar 45% de la energía a partir de fuentes limpias para 2030 planteado al inicio de la actual administración (el cual no se retomó en la presentación del Plan Nacional de Energía). En este sentido, la cifra de inversión contemplada para nueva generación eléctrica puede ser conservadora. Por ello, es necesario que los montos asignados tanto a la CFE como a los privados se adapten en caso de que la demanda crezca por encima de los pronósticos, además de que eso haría posible un mayor crecimiento.
A pesar de que los montos de inversión posiblemente no sean suficientes para las necesidades del país, es de destacar que el plan contempla diversos mecanismos para el desarrollo de infraestructura eléctrica, que van desde el mercado hasta la figura de productores mixtos, donde el Estado y los privados podrán invertir en conjunto. Implementados correctamente, estos pueden abonar a la competitividad de la economía nacional en los años por venir.
El éxito del Plan Nacional de Energía requiere reglas claras y certidumbre para la inversión, en este sentido, será crucial conocer detalles de la nueva arquitectura institucional del regulador. Al mismo tiempo, es necesario considerar no únicamente las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica, sino el potencial de crecimiento de la misma de no estar limitada la capacidad de generación.