Con el objetivo de establecer una nueva autoridad de competencia económica en México que sea independiente y legítima, la International Chamber of Commerce México (ICC México), divulgó diversas recomendaciones para guiar su desarrollo y funcionamiento.
Siendo una prioridad su independencia del gobierno y de intereses empresariales particulares, así como de una estructura y presupuesto que garanticen su autonomía técnica y capacidad para tomar decisiones imparciales.
Ante el anuncio realizado en el Congreso de la Unión para votar esta semana la desaparición de siete Organismos Autónomos, y la transferencia de sus facultades y obligaciones a diversas dependencias del gobierno federal y al INEGI.
En primer lugar, se subraya la importancia de que la autoridad opere de manera independiente en un sentido técnico, para lo que se debe asegurar una estructura, operación y presupuesto que garanticen su autonomía técnica; que tenga un cuerpo colegiado, compuesto por personas que hayan demostrado de manera fehaciente y pública una amplia experiencia y conocimientos en la materia.
Además, es fundamental definir con claridad los objetivos de la autoridad, que debería estar enfocado a la protección del proceso de competencia económica en nuestro país; así como, evitar sesgos en el análisis de casos y asegurar un proceso justo, se recomienda la separación interna de las funciones de investigación y adjudicación.
Asimismo, la autoridad debe seguir operando con altos niveles de transparencia en sus procesos y toma de decisiones. Tener una capacidad de priorizar casos eficientemente es crucial para maximizar el impacto de las acciones de la autoridad.
Se destaca también la necesidad de una flexibilidad organizativa que permita a la autoridad adaptarse a cambios en el entorno económico y legal; y que el reclutamiento y retención de personal altamente calificado en economía y derecho es imprescindible para manejar casos complejos y contribuir al desarrollo continuo de la autoridad.
La propuesta de ICC México busca fortalecer el sistema de competencia económica en el país mediante la creación de una autoridad autónoma, capaz de operar con independencia, imparcialidad y eficacia.