Las entidades del país con mayor rezago habitacional fueron Chiapas (69.9 por ciento), Tabasco (64.9 por ciento), Oaxaca (54.6 por ciento) y Guerrero (53.5 por ciento). Mientras que Querétaro, tiene un 11 por ciento. En el extremo opuesto, las tres entidades con menos viviendas en rezago fueron Ciudad de México (5.9 por ciento), Aguascalientes (6.3 por ciento) y Nuevo León (7.7 por ciento), señala la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Dicha información se corrobora en Estudio diagnóstico y la Evaluación integral de la política social vinculada al Derecho a la Vivienda 2023-2024, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual, señala que hace dos años, el 9.1 por ciento de la población presentaba carencia por calidad y espacios de la vivienda.
Así como la prevalencia de esta carencia contribuye a la vulnerabilidad de sus habitantes frente a las condiciones climáticas, riesgos para la salud u otros fenómenos externos y peligros estructurales. Además, el 5.8 por ciento de las personas habitaba en viviendas con hacinamiento, principalmente en localidades rurales.
Entre los rubros analizados, se detalla que en densidad poblacional (personas por cada kilómetro cuadrado), el estado de Querétaro, es la 7ª entidad con 4,900 personas; mientras que el primero es Ciudad de México con más de 11 mil individuos. El de menor densidad es Tlaxcala con 2,000 mexicanos.
Los estados con mayores porcentajes de reservas territoriales en áreas consolidadas fueron la Ciudad de México con el 70.8 por ciento, Zacatecas con el 42.8 por ciento, Tlaxcala con el 23.2 por ciento, Aguascalientes con el 14.0 por ciento y Colima con el 10.3 por ciento. Mientras que los estados con menores porcentajes fueron Campeche, Quintana Roo, Baja California Sur, Tabasco y San Luis Potosí, con valores entre el 0.0 por ciento y el 0.3 por ciento, indica la Sedatu.
Cabe mencionar que la Ciudad de México tuvo la mayor proporción, con el 56.1 por ciento de reservas territoriales, le sigue San Luis Potosí con el 34.0 por ciento, Durango con el 22.2 por ciento, Aguascalientes con el 16.3 por ciento y Tlaxcala con el 13.0 por ciento. Los estados con las menores proporciones fueron Zacatecas, Veracruz, Morelos, Querétaro y Quintana Roo, cuyos valores estuvieron entre el 0.7 y el 1.4 por ciento.
Las entidades con los porcentajes más altos de vivienda deshabitada eran Zacatecas (20.2 por ciento), Hidalgo (19.1 por ciento), Michoacán (18.3 por ciento), Oaxaca (17.5 por ciento) y Guerrero (17.7 por ciento), en el sitio 19 nacional, se coloca Querétaro con un 13.6 por ciento. Por el contrario, las entidades con menor proporción de viviendas deshabitadas en 2020 fueron Ciudad de México (6.8 por ciento), Baja California (9.0 por ciento), Estado de México (11.3 por ciento), Baja California Sur (11.9 por ciento) y Coahuila (12.1 por ciento), señala el INEGI.
En 2020, el 78.6 por ciento de la población vivía en localidades de 2,500 habitantes y más; los grados más altos de urbanización en el país se encontraron en la Ciudad de México (99.3 por ciento), Nuevo León (95.9 por ciento) y Baja California (93.7 por ciento); mientras que Querétaro con un 70 por ciento, se coloca en el 17 lugar nacional. En el extremo opuesto, los menores grados de urbanización se presentaron en Chiapas (49.2 por ciento), Oaxaca (49.5 por ciento) e Hidalgo (57.3 por ciento)
En 2020, las entidades federativas con menor superficie urbana disponible por habitante fueron la Ciudad de México con 87 m2, Aguascalientes con 158 m2 y el Estado de México con 178 m2. Mientras que Querétaro, es el sitio 23 de las 32 entidades con un promedio de 210 m2. Por su parte, las entidades federativas con mayor suelo disponible fueron Tlaxcala con 508 m2, Hidalgo con 419 m2 y Oaxaca con 409 m2.
El estado de Querétaro tiene un 66.1 por ciento de sus viviendas bajo el precepto de autoconstrucción, que le colocan en el sitio 14 a nivel nacional con este concepto. El primero es Oaxaca con un 85.1 por ciento. Mientras que el menor porcentaje se da en Nuevo León con un 38.4 por ciento.
También, el 2.9 por ciento de las personas habitaba en México, en viviendas con piso de tierra, esencialmente en localidades rurales, viviendas con población hablante de lengua indígena y hogares de menores ingresos. De lo anterior, se identifica que las principales brechas de la población por esta carencia se ubican en las localidades menores a los 15 mil habitantes y en la población indígena, fundamentalmente entre las mujeres.
En 2022, el 17.8 por ciento de la población presentaba carencia por servicios básicos en la vivienda, lo cual genera, principalmente, afectaciones en la salud; el 11.3 por ciento de las personas habitaba en viviendas que utilizaban leña o carbón para cocinar y no contaban con chimenea para desalojar el humo, afectando principalmente a la población indígena, mujeres y menores de edad. Adicionalmente, en 2022, 33.5 por ciento del total de las viviendas particulares habitadas en el país no tenía agua potable de forma cotidiana, lo que afecta fundamentalmente a la población de menores ingresos.
Para atender estos retos se propone fortalecer y articular la oferta gubernamental para mejorar de manera integral las condiciones materiales de la vivienda. Por ello, se debe atender el hacinamiento: continuar y complementar las acciones gubernamentales a nivel federal para la ampliación y mejoramiento de vivienda, como el Programa de Vivienda Social. Atender las viviendas con piso de tierra: implementar acciones de financiamiento, asistencia técnica, implementación gradual y monitoreo; atender las viviendas que utilizan carbón o leña para cocinar y que no cuentan con chimenea, así como avanzar en el suministro diario de agua potable en la vivienda.
En 2022, el 24.3 por ciento de las viviendas del país no contaba con escrituras, mientras que, en 2020, el 46.0 por ciento de las viviendas rentadas no contaban con un contrato de arrendamiento vigente, lo que vulnera la seguridad jurídica de la tenencia de sus habitantes. Esta problemática se identifica en todo el territorio; sin embargo, es más prevalente en las localidades con población indígena y las localidades con menos de 2,500 habitantes.
El elevado costo de las viviendas, los bajos ingresos y los efectos del desplazamiento de la población provocan que las personas no puedan disponer de una vivienda, ya sea mediante su adquisición o renta, por lo que tienden a vivir con familiares, asentamientos irregulares o bien en áreas de la periferia desde donde invierten más tiempo y recursos para poder trasladarse diariamente a los centros de trabajo, educación o salud.
Se identificó como reto que la ubicación de las viviendas en zonas de riesgo y la ocurrencia de fenómenos naturales pueden ser causa del desplazamiento forzado de la población, por lo que se ve obligada a abandonar su lugar de residencia. Esto, aparejado a la insuficiencia de reservas territoriales, puede afectar el acceso a servicios urbanos.
Para lo anterior, se recomienda diseñar una política pública integral para la prevención y atención a desastres naturales basada en la planificación. Al respecto, es necesario ampliar las estrategias de planificación y prevención en la recuperación temprana de las zonas afectadas, para brindar condiciones para el restablecimiento y facilitación del acceso a los servicios básicos.