El Observatorio Ciudadano Anticorrupción 2023–2024 de la organización civil y de investigación en justicia social Tojil, señala que son dos Fiscalías Anticorrupción (FA) que en 2023 destacaron entre las FA sujeto de estudio por sus buenos resultados en acciones de transparencia, trabajo de su personal y sentencias resueltas, estás son Durango y Querétaro.
En el estado de Querétaro, su Fiscalía Anticorrupción obtuvo una calificación “satisfactoria” en todos los ejes de análisis, destacándose como una de las instituciones a nivel nacional con mejores resultados en los indicadores considerados por segundo año consecutivo, según la metodología aplicada. En el periodo analizado, logró recuperar cien millones de pesos en un solo caso de corrupción y lavado de dinero, y ha desarrollado su propio protocolo de protección para denunciantes, testigos e intervinientes en el proceso penal.
Cabe mencionar que la Fiscalía de Querétaro en 2022, tuvo un gasto de 21,035,000 y de 24,531,842 para 2023, registrando un alza de 17 por ciento. Aunado, a ser la novena entidad con resoluciones condenatorias.
Existen contrastes notables entre las formas de determinación de las investigaciones, por ejemplo la FA de Querétaro envió al archivo el 0.6 por ciento de sus indagatorias iniciadas en 2023, mientras que Nuevo León archivó casi el 75 por ciento de las investigaciones que inició. Las fiscalías del Estado de México y Durango obtuvieron un total de 37 sentencias cada uno, mientras que Guerrero no judicializó ni un caso, además 13 fiscalías reportaron que no obtuvieron ninguna sentencia ese año.
Se detalla que Durango es la única Fiscalía Anticorrupción que obtuvo el puntaje máximo correspondiente al eje Presupuesto, demostrando que tienen autonomía para solicitar y ejercer presupuesto, y que han logrado emplearlo de manera efectiva. De igual manera, en los demás ejes (Marco Jurídico, Capital Humano, Procesos y Resultados) obtuvo calificación “satisfactoria”, ocupando los primeros puestos. En el periodo analizado esto se tradujo en la obtención de 25 sentencias condenatorias.
En el caso de Querétaro, se informó que el titular de la FA cuenta con un novedoso protocolo de protección a denunciantes, testigos e intervinientes en el procedimiento penal en materia de hechos de corrupción. A la persona bajo protección se le entrega un código QR que cualquier autoridad puede verificar para brindarle la protección necesaria en caso de alguna emergencia.
El documento detalla que el titular de la FA de Querétaro, Benjamin Vargas Salazar, tiene una calificación de “satisfactorio”, por su autonomía técnica y la clave en su fiscalía ha sido la calidad de los proce¬sos e investigaciones que se realizan a través de una organización eficaz del trabajo acompañada de un presupuesto acorde a los retos que se enfrentan.
Aunque no se cuenta con autonomía en términos de presupuesto, cada año la FA ha diseñado un anteproyecto de presupuesto que la fiscalía del Estado ha canalizado, y ha sido aprobado por el Congreso sin mayores modificaciones.
“Lo que tenemos es una organización al interior de la FA donde existe una unidad de inteligencia patri-monial y económica, y esa unidad digamos que es la que ve todos los asuntos de lavado y cualquier tema de índole económico. Mientras que tenemos otras áreas que ven todos los delitos restantes de corrupción, incluyendo el abuso de autoridad”
“No es lo mismo hablar de una persona -que obviamente hay que atender porque al final del día es un usuario y para eso estamos- que nos reporta un posible abuso de autoridad de un policía, a un delito que se da dentro del entramado de la administración pública donde hay licitaciones y hay proveedores involu¬crados y donde la complejidad es mucho mayor”.
En contraste las dos FA que se ubicaron en los parámetros más bajos de análisis en casi todos los apartados son: Morelos, que alcanzó una calificación “regular” mientras que en el resto los resultados son negativos. Igualmente que la FA de Guerrero, que obtuvo un nivel “deficiente” en los rubros relativos Marco Jurídico, Capital Humano y Resultados, y “regular” en presupuesto.
Entre los retos el fiscal hizo hincapié en la necesidad de que se avance en la homologación de los tipos penales en los estados pues la discrepancia que existe entre entidades dificulta la coordinación y las inves¬tigaciones
“Cuando se crea la reforma constitucional que da paso a estas fiscalías especializadas quedaron muchos aspectos en el aire y para bien o para mal dejaron estas decisiones a los estados. Por ejemplo el nombra¬miento de fiscal. No tenemos un proceso homologado de cómo se elige un fiscal en todos los estados. Cada estado trae su particularidad.
Destaca que es evidente la falta de autonomía constitucional en la mayoría de ellas limita el acceso de las FA a los recursos oportunos. De las 25 FA del país que aceptaron dar información sobre su presupuesto la suma total es de 676 millones 827 mil 938 pesos. Un punto positivo es que 17 de las referidas Fiscalías vieron incrementar su presupuesto respecto al año pasado.
Las Fiscalías Anticorrupción enviaron ante autoridades judiciales cerca de seis de cada 100 carpetas de investigación iniciadas en 2023 y cuatro de ellas lograron convertirse en procesos judiciales en curso. La información desagregada por estado muestra que hay 11 FA estatales que judicializaron más del diez por ciento de sus indagatorias destacando Guanajuato que reportó haber judicializado más del 35 por ciento. Por el contrario, las FA de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán cuyas FA judicializaron menos del cinco por ciento de sus indagatorias.
En contraste con el balance de resultados consignado en el informe “Levantemos la Voz” de 2022 hay una progresión importante. En aquel análisis, solo Querétaro se ubicó en el nivel “satisfactorio”, mientras que en 2023: Durango, Michoacán, Quintana Roo y Sonora.
PADECEN LAS FA DE BAJOS PRESUPUESTOS
De los resultados obtenidos destaca el caso de 11 FA -Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas- que bajo los parámetros establecidos para este estudio carecen de una autonomía óptima para su operación debido a que su persona titular es designada o propuesta por el fiscal General del Estado.
Por otro lado, el presupuesto total reportado para 2023 por 25 FA que aportaron información verificada asciende a los 676 millones 827 mil 938 pesos. En un ejercicio meramente ejemplificativo, si ese presupuesto se suma y se divide entre las carpetas que iniciaron en 2023 las Fiscalías que respondieron las solicitudes, equivaldría a un promedio de 71 mil 350 pesos por cada caso. No obstante, en realidad las diferencias son notables entre estados. En el caso de Querétaro, registra un gasto de 24,531,342 pesos, que le coloca como la doceava entidad con más gasto en este rubro. El primer sitio nacional es Jalisco con 74,138,792 pesos.
Dentro del eje Recursos también se analiza si las FA adquieren -ya sea en renta o venta- ciertos bienes y servicios que son fundamentales para la constitución y operación de la institución o bien, si los bienes y servicios son prestados por la Fiscalía estatal. Los principales hallazgos pueden desglosarse de la siguiente manera:
Son Nueve FA que adquirieron o tienen inmuebles propios para su operación a través de compra y/o renta: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Diez Fiscalías Anticorrupción adquirieron o tienen vehículos propios para su operación a través de compra y/o renta: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Yucatán.
Doce Fiscalías Anticorrupción adquirieron o tienen equipos de cómputo propios para su operación a través de compra y/o renta: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.
Doce Fiscalías Anticorrupción reportaron comprar y/o rentar mobiliario propio para su operación: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.
CRISIS DE CONDENAS FINALES EN CASOS DE LAS FA
En México, la investigación general de los delitos enfrenta un escenario complejo del que las Fiscalías Anticorrupción no son la excepción: la mayoría de los delitos que se denuncian no llegan a las manos de un juez y la cifra de aquellos que se convierten en procesos penales y sentencias condenatorias es mínima.
En 2023, por ejemplo, las Fiscalías Anticorrupción iniciaron 15 mil 356 investigaciones; de ellas solo 5 mil 900 (el 38% del total) tuvieron algún tipo de resolución y de ese mismo grupo apenas 885 (el 6% del total) fueron presentadas ante un juez. Sin embargo, solo se iniciaron procesos penales ante el juez en 576 casos (el 3% del total) y en el mismo periodo se dictaron 128 sentencias.
Entre enero de 2023 y julio de 2024, las fiscalías del país especializadas en el combate a la corrupción en México iniciaron 23 mil 775 carpetas de investigación por posibles delitos de esta naturaleza. Se trata, en promedio, de 43 nuevas indagatorias iniciadas en el país cada 24 horas.
De todas esas carpetas, 1 mil 479 avanzaron lo suficiente para ser presentadas por las fiscalías ante un juez (el 6 por ciento), y 155 se convirtieron en sentencias condenatorias (menos del 1 por ciento).
Los datos son contundentes; esclarecer los delitos de corrupción, reparar el daño causado y llevar a los responsables a rendir cuentas es una tarea titánica para el Estado mexicano. Para enfrentarlo, la federación y las entidades federativas han constituido fiscalías especiales cuya labor es enfocarse de forma exclusiva en estos ilícitos.
El Observatorio Ciudadano Anticorrupción 2023 – 2024 hizo un intento por analizar de manera descriptiva el desempeño y los retos que afrontan estas fiscalías en el periodo de enero de 2023 a junio de 2024. Se trata de un esfuerzo impulsado por la organización TOJIL con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México que, además de tomar una fotografía descriptiva de la situación actual de estas fiscalías, busca levantar la voz desde la ciudadanía respecto de las necesidades que tienen estas fiscalías.
Aunque desde marzo de 2019 entró en funcionamiento la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) adscrita a la FGR, por decisión del fiscal general se ha mantenido en operación una unidad paralela denominada Unidad Especializada en Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia (UEIDCSPCAJ) que de forma discrecional inicia o atrae una mayor proporción de casos de corrupción, con menor efectividad en comparación a la especializada.
En 2023, por ejemplo, la FEMCC reportó el inicio de 755 carpetas de investigación, mientras que la UEIDCSPCAJ inició 3 mil 315, cinco veces más. Sin embargo, dicha unidad sólo logró detonar en el mismo año 30 procesos penales (el 1 por ciento respecto a sus indagatorias), mientras que la FEMCC en el mismo periodo logró más judicializaciones exitosas (42) que es el 6 por ciento respecto a su universo total de casos.
En ese mismo año, la FEMCC contó con un presupuesto de 223 millones 363 mil pesos, ocho veces mayor que el que recibieron las Fiscalías Anticorrupción de los estados.